Economistas alertan sobre las prácticas de “greenwashing”

Autor: Lefebvre 17-04-2023

El Consejo General de Economistas afirma que el “greenwashing“ –también llamado ecopostureo o ecoblanqueo– no solo crea confusión entre los consumidores con prácticas ambientales falsas, sino que también impide que las entidades y empresas que lo apliquen, puedan acceder a los fondos Next Generation.

Coincidiendo con el proceso de transposición de la Directiva europea sobre información de sostenibilidad que en estos momentos se está llevando a cabo en nuestro país, el Consejo General de Economistas ha celebrado la primera sesión de los “Encuentros sobre sostenibilidad”, que tendrán lugar durante todo el año y tratarán temas económicos relacionados con la sostenibilidad, como la taxonomía, el marco normativo, las finanzas, la elaboración y la verificación de los estados de información no financiera.

Esta primera sesión ha estado dedicada al análisis de una taxonomía en materia de sostenibilidad, y durante la misma se ha presentado el estudio titulado Visión general de la taxonomía en relación a la información no financiera y/o en materia de sostenibilidad, elaborado por el Servicio de Estudios de dicho Consejo General, bajo la dirección del economista Salvador Marín.

La presentación del acto ha corrido a cargo de la subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovilla, y del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, y en él han participado tres de las autoras de este estudio: las profesoras e investigadoras Beatriz Aibar –Universidad de Santiago de Compostela–, Isabel García –Universidad de Salamanca– y Esther Ortiz –Universidad de Murcia–.

Durante la jornada, tanto el presidente de los economistas como las autoras del estudio han advertido sobre el peligro de los abusos del “greenwashing”, ya que, además de ser una práctica engañosa de cara a los consumidores, inhabilita a las entidades y empresas que emplean esta técnica para que puedan acceder a los fondos Next Generation.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha denunciado que “el aparente aluvión de empresas y entidades supuestamente sostenibles es absolutamente desproporcionado e irreal, ya que, según datos de la Red Española del Pacto Mundial, solo un 14% de las empresas españolas cuentan con una estrategia de finanzas o inversión sostenible”. Según Pich, “utilizar la sostenibilidad únicamente como una herramienta de marketing sin que detrás haya ningún contenido real es una práctica ciertamente poco ética, y para evitarlo es fundamental que todo proyecto o inversión sostenible esté estandarizado y clasificado de acuerdo con la normativa, lo que ayudará a discernir entre aquellos proyectos que son realmente sostenibles y aquellos que solo lo aparentan”.

Para ayudar en el sentido al que se ha referido Valentín Pich, el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas ha realizado un trabajo titulado Visión general de la taxonomía en relación a la información no financiera y/o en materia de sostenibilidad, que ha puesto a disposición de todas las empresas y entidades de nuestro país.

Según Esther Ortiz, quien, además de ser una de las autoras de este estudio, es vicepresidenta de Economistas Contables (EC) –órgano especializado en información financiera y no financiera del Consejo General de Economistas de España–, “este trabajo realizado por el Servicio de Estudios de nuestro Consejo General constituye el primero realizado en España con un análisis adicional real como método del caso”, y tiene por objeto “definir una metodología que permite clarificar qué proyectos e inversiones pueden considerarse sostenibles, o no, de acuerdo con la normativa actual, si bien cada proyecto habrá de adaptarse a cada realidad concreta, aportando información proporcional al tamaño, a los hechos y a la materialidad”.

A continuación, las otras dos investigadoras que han participado en este acto y que también han colaborado en la realización de este estudio (Beatriz Aibar –profesora de la Universidad de Santiago de Compostela–e Isabel García –de la Universidad de Salamanca) han expuesto el actual marco normativo en Europa de la información no financiera y la estandarización abordada hasta la fecha sobre esta materia, definiendo los criterios para determinar si una actividad económica se considera, o no, sostenible, y han analizado la taxonomía o clasificación de los proyectos incluidos en el estudio.