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La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber cumplido todas las obligaciones de recogida, tratamiento y control establecidas en la Directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, una norma que obliga a los Estados miembro a proteger la salud humana y salvaguardar el entorno natural.
El Ejecutivo comunitario ha considerado que, hasta la fecha, los esfuerzos realizados por las autoridades españolas “han sido insuficientes” para cumplir con las obligaciones que impone la directiva y, en consecuencia, va a llevar al país ante el alto tribunal de la Unión Europea.
La directiva se aprobó en 1991 con la intención de proteger tanto la calidad del agua como la salud humana al exigir que los Estados miembro recojan y traten las aguas residuales urbanas de todas las aglomeraciones urbanas de 2.000 personas o más antes de verterlas al medio ambiente, ya que estas pueden poner en peligro a las personas y contaminar lagos, ríos y aguas costeras y subterráneas.
En este sentido, Bruselas ha señalado que en España 15 aglomeraciones no disponen de sistemas colectores para las aguas residuales, unas 39 no tienen sistemas de tratamiento secundario o no cumplen con los requisitos mínimos para vertidos, y en otras 52 nuestro país no garantiza que las instalaciones “sean objeto de control para verificar el cumplimiento”.
La Comisión ya envió una carta de emplazamiento a España en octubre de 2017 y un dictamen motivado en noviembre de 2019, que son las dos fases previas de diálogo en el marco de un expediente sancionador.
En abril de 2022 avisó a España de que le llevaría al TJUE si no resolvía la situación y le pidió que redoblara esfuerzos para garantizar que las aguas residuales recogidas reciban un tratamiento suficiente para cumplir las normas, apuntando a la necesidad de invertir más en la construcción o mejora de las infraestructuras de gestión de aguas.