OBRA DESTACADA
En Bruselas, el horizonte no se aclara en absoluto para las legislaciones «verdes», en el punto de mira de la derecha (el Partido Popular Europeo, PPE) que domina la Comisión Europea. El ejecutivo de la UE se fija más que nunca como prioridades la «simplificación» administrativa y la «competitividad» de Europa, aunque ello suponga desmantelar progresivamente los logros del Pacto Verde.
En lo que respecta a las normativas puramente «ESG», el principal retroceso se inició el pasado 26 de febrero, con la presentación de una primera legislación denominada «ómnibus» destinada, en particular, a recortar las directivas sobre información en materia de sostenibilidad (CSRD) y sobre el deber de diligencia (CS3D), consideradas demasiado restrictivas para las empresas.
Esta propuesta se está negociando en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE —la institución que reúne a los Estados miembros—, donde no parece haber mayoría para mantener estos dos textos emblemáticos. Pero esta no es, ni mucho menos, la única reforma en trámite que ensombrece el Pacto Verde Europeo. A continuación, presentamos cuatro cuestiones medioambientales a seguir en este nuevo curso.
La propuesta del pasado 26 de febrero fue solo la primera de una larga serie de reformas «omnibus», que modifican varias legislaciones existentes con el fin de reducir los excesos de la «burocracia». Desde entonces, la Comisión ha propuesto seis iniciativas de este tipo, la última de las cuales, dedicada a la industria química, ha provocado la indignación de las ONG a principios de julio.
Este texto prevé, entre otras cosas, simplificar las solicitudes de exención por parte de los fabricantes de cosméticos a la prohibición de utilizar determinadas sustancias, como las clasificadas como cancerígenas, mutágenas o tóxicas (las denominadas «CMR») en caso de inhalación o ingestión (pero no cuando se identifica un riesgo por exposición cutánea), o incluso a aliviar las restricciones para los productores de fertilizantes.
Y eso no es todo: el próximo proyecto de estas medidas generales, que podría presentarse en octubre, abordará varias legislaciones medioambientales en los ámbitos de la economía circular, las emisiones industriales y la gestión de residuos (probablemente la Directiva marco sobre residuos o la Directiva sobre emisiones industriales y ganaderas). En el programa, a priori: la supresión de varias obligaciones de información, así como la aceleración de las evaluaciones medioambientales en el marco de la concesión de permisos industriales.
La directiva «sobre declaraciones medioambientales explícitas» fue objeto de un drama legislativo en Bruselas a principios de verano. Para sorpresa general, la Comisión Europea anunció entonces que retiraría sin más este ambicioso texto destinado a luchar contra el greenwashing.
El proyecto propuesto en 2023, también denominado «directiva sobre declaraciones ecológicas», debía entrar en su fase final de negociación. La justificación esgrimida por la Comisión era proteger de la pesadez del dispositivo a las microempresas, que, sin embargo, tenían todas las posibilidades de quedar exentas por los negociadores.
Aunque, ante la indignación de la izquierda del Parlamento Europeo y de las ONG ecologistas, la Comisión se retractó rápidamente de su decisión, el proyecto no dejó de verse afectado. Señalada por la derecha y la extrema derecha, la directiva vio cómo se desmoronaba la mayoría de la que gozaba en la mesa de los 27, después de que la Italia de Giorgia Meloni se retractara de su apoyo inicial.
«La presidencia danesa está trabajando con la Comisión y en el seno del Consejo para intentar reanudar las negociaciones», nos indica hoy el centrista italiano Sandro Gozi, ponente en el Parlamento Europeo. Bienes «ecológicos» o «verdes», «neutros en carbono», «producidos con energías renovables» o que contienen «un x % de contenido reciclado»… El texto debe obligar a las empresas a verificar previamente el carácter científicamente fundamentado de este tipo de comunicaciones en toda la Unión. Pero, ¿verá la luz pronto? Es dudoso.
El laborioso debate que mantienen actualmente los 27 sobre su objetivo climático para 2040 dice mucho del descenso de importancia que han sufrido estas cuestiones en la agenda política europea. El pasado 2 de julio, la Comisión Europea propuso incluir en la legislación el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90 % para 2040, es decir, el mínimo necesario para que la UE cumpla su compromiso con el Acuerdo de París, según el consenso científico.
La idea inicial del ejecutivo europeo era que esta «ley climática 2040» se aprobara antes de la COP 30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil). Pero nada es seguro. A falta de consenso, una decena de países indecisos, entre ellos Francia y Alemania, han impuesto que el expediente vuelva a la mesa de la cumbre de líderes europeos prevista para los próximos 23 y 24 de octubre. «Estos Estados miembros quieren debatir sus diversas reivindicaciones sobre el coste de las medidas ecológicas, su aceptabilidad por parte de los ciudadanos o incluso las normas climáticas europeas que se consideran demasiado duras para las empresas», resume Les Echos. «La obsesión de Francia es no oponer la ambición climática a la competitividad industrial, sino crear las condiciones para que nuestra industria europea pueda apoyar nuestra ambición climática», afirmó Agnès Pannier-Runacher, la ministra dimisionaria de Transición Ecológica, el 18 de septiembre en Bruselas.
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