Cuestiones ESG a vigilar en Bruselas en 2025

Autor: Lefebvre 24-01-2025

En Bruselas, los partidarios del Pacto Verde se han puesto a la defensiva. Tras cinco años de conquista encarnada por las directivas CSRD y del Deber de Vigilancia, por no hablar de una serie de avances en materia de política social, ha llegado el momento de que la esfera ESG proteja lo conseguido. Aunque las fuerzas de derecha y extrema derecha han ganado terreno en la mesa de los veintisiete Estados miembros y en el Parlamento Europeo, la prioridad declarada de la UE es ahora la competitividad. En la escena europea, el comienzo del año promete estar lleno de batallas políticas: he aquí cuatro de los asuntos que habrá que vigilar en el primer semestre de 2025.

Legislación ómnibus

26 de febrero de 2025. Esta es la fecha que los que siguen la política ESG de la UE deben marcar en sus calendarios. Es el día en que la Comisión Europea podría presentar su famosa legislación «ómnibus» destinada a rebajar las normas que pesan sobre las empresas según la «lista de puntos previstos» de la Comisión, según una agenda indicativa publicada en línea. Anunciado por la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en noviembre, este «ómnibus» -término que hace referencia a la modificación de varios textos legislativos a la vez mediante un único acto- debería, como mínimo, aligerar tres textos clave en materia de ESG: el Reglamento sobre la Taxonomía Verde, la Directiva CSRD y la Directiva sobre el Deber de Vigilancia (conocida como «CS3D»). El número de empresas que entran en su ámbito de aplicación podría reducirse, así como las obligaciones de información. Pero, ¿hasta dónde llegarán estos recortes? ¿Podría la UE, por ejemplo, decidir aplazar la aplicación de la Directiva CSRD, como ha sugerido el Canciller alemán Olaf Scholz? En los próximos meses, la propuesta de la Comisión Europea será objeto de negociaciones entre los colegisladores de la UE: el Parlamento Europeo y el Consejo.

Lucha contra el “greenwashing”

A raíz de su Pacto Verde, la UE ha empezado a legislar contra el “greenwashing”. El primer hito se puso durante el mandato anterior: la Directiva europea «por la que se faculta a los consumidores para actuar en favor de la transición ecológica». Adoptado el 28 de febrero de 2024, el texto incluye las declaraciones medioambientales engañosas de las empresas, la «obsolescencia prematura» y las etiquetas de desarrollo sostenible «poco transparentes y fiables» en la categoría de «prácticas comerciales desleales» prohibidas por la UE (en virtud de la Directiva 2005/29/CE). Se espera que los Estados miembros la transpongan antes de 2026.

Pero aún hay más: en 2025, los colegisladores de la UE tendrán que negociar y adoptar una directiva adicional sobre «alegaciones medioambientales explícitas» («directiva sobre alegaciones ecológicas»). Esta propuesta, propuesta por la Comisión en marzo de 2023, tiene por objeto, en particular, regular la jungla de etiquetas ecológicas utilizadas por las empresas. «Los consumidores no son conscientes de la diferencia entre, por un lado, las etiquetas regidas por sistemas de certificación de terceros y, por otro, las etiquetas basadas en la autocertificación, es decir, que no son verificadas por ningún tercero», señalaba la Comisión en su propuesta inicial. Un estudio publicado por la Comisión en 2020 estimaba también que el 53% de las alegaciones ecológicas de las empresas eran «vagas, engañosas o infundadas».

La idea del texto es, por tanto, establecer unos requisitos mínimos para respaldar las alegaciones ecológicas de las empresas con pruebas científicas. En concreto, las empresas tendrían que especificar si sus alegaciones se aplican a todo el producto y a todo su ciclo de vida, o sólo a determinadas partes, o demostrar que esas alegaciones no corresponden simplemente al cumplimiento de normas impuestas por ley. Las negociaciones finales comenzarán pronto en Bruselas, pero prometen ser complejas. El Consejo de la UE, la institución que reúne a los ministros de los Estados miembros, adoptó su propio ejemplar el pasado mes de junio, y es mucho menos ambicioso que el Parlamento Europeo, que ya se posicionó en febrero de 2024.

Legislación antideforestación importada

Es probable que el culebrón medioambiental que marcó el final de 2024 en Bruselas reaparezca en los próximos meses. Bajo la presión de varios Estados miembros y de la derecha del Parlamento Europeo, la UE ha aceptado finalmente aplazar un año el reglamento que debía prohibir, a partir de 2025, la importación en el mercado único de una serie de productos (cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne de vacuno, caucho, cuero, muebles, papel, etc.) cuando procedan de tierras que hayan sido deforestadas después de 2020. A partir de ahora, las obligaciones de declaración -destinadas a demostrar que los productos introducidos en el mercado europeo no proceden de esta deforestación- deberán por tanto entrar en vigor antes del 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores y comerciantes.

Sin embargo, no podemos descartar un nuevo aplazamiento de este proyecto, que ha sido condenado rotundamente por los socios comerciales de la UE. De aquí a junio de 2025 sabremos algo más: la Comisión Europea deberá publicar entonces un acto de ejecución que clasifique a los distintos países en tres categorías en función de su nivel de riesgo en materia de deforestación (previsto en el artículo 29 del texto). En la práctica, este documento determinará el alcance de las obligaciones que incumben a las empresas, así como la frecuencia de los controles efectuados por las autoridades aduaneras europeas en función del país de origen del producto (como se detalla en el artículo 16). En marzo de 2024, la Comisión de Bruselas aplazó la publicación de la clasificación, aunque prometió que este primer paso al lado no impediría que el reglamento se aplicara a principios de 2025, tal y como estaba previsto. Siete meses después, el Ejecutivo comunitario propuso finalmente aplazar un año su entrada en vigor.

Hoja de ruta para los derechos de la mujer

¿Abandonará la UE durante su mandato la política social, que pasará a estar dominada por la competitividad y la defensa? Ése es sin duda el temor de las fuerzas de izquierda de Bruselas. Durante los últimos cinco años, la Comisión inició una serie de textos en la tradición europea de mejora de las condiciones laborales desde la importante directiva de 1976 sobre igualdad de género en el empleo. A priori, sabremos algo más sobre las ambiciones sociales de la Comisión el 5 de marzo: se espera que Roxana Mînzatu, Vicepresidenta encargada de «derechos sociales, competencias y empleo de calidad», presente una «hoja de ruta en favor de los derechos de las mujeres», según la agenda indicativa publicada por la institución.