OBRA DESTACADA
En su informe anual, el Defensor del Pueblo ha destacado la preocupante falta de implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que, según ha revelado, están avanzando de forma lenta a pesar de que su puesta en marcha estaba prevista para antes de 2023. Esta situación ha sido señalada como un motivo de preocupación por parte de la institución, que destaca la importancia de estas zonas en la protección ambiental.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha emprendido acciones en 33 ciudades debido a la escasa implementación de zonas de bajas emisiones. Esto incluye medidas contra municipios con poblaciones mayores a 50.000 habitantes que no han iniciado el proceso de declaración de estas zonas, así como municipios con poblaciones mayores a 300.000 habitantes que, a pesar de haber iniciado el proceso, aún no han aprobado las zonas de bajas emisiones. También se han incluido municipios donde la implementación de estas zonas se ha detenido o revertido. El Defensor del Pueblo ha recordado a estos últimos que, en caso de incumplimiento de lo prometido, deberán devolver las ayudas otorgadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la implementación de estas zonas.
Entre los municipios incluidos en el primer grupo se encuentran Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro (Comunidad de Madrid); Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife); Baracaldo (Vizcaya); Calvià (Baleares); Cerdanyola del Vallès (Barcelona); Ferrol (A Coruña); Mijas (Málaga); Motril (Granada); Orihuela (Alicante); Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y Telde (Las Palmas). Por otro lado, en el segundo grupo se encuentran Alicante, Bilbao, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Murcia y Palma de Mallorca. Por último, el tercer grupo incluye a Badalona (Barcelona), Castellón y Elche (Alicante), Gijón (Principado de Asturias), Lorca (Región de Murcia), Majadahonda (Comunidad de Madrid), Valencia y Valladolid.
El informe también ha analizado casos de emisiones atmosféricas de centrales térmicas, como la central Diésel de Melilla, afectada por el proceso de descarbonización y transición hacia el uso de energías renovables. En este caso, se han presentado cuatro sugerencias a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Melilla. Además, se ha investigado la contaminación atmosférica generada por la manipulación de graneles sólidos en los puertos de Almería, Alicante y Bahía de Cádiz. La institución también ha recibido quejas por agresiones al litoral debido a construcciones ilegales, vertidos en el agua, impacto en los bosques por tala irregular y otros efectos negativos en la fauna, en particular en aves.
El Defensor del Pueblo también menciona las acciones tomadas en el Espacio Natural de Doñana y recuerda que el Gobierno estatal y el autonómico llegaron a un acuerdo para abordar el uso del agua para el riego en la zona, lo que llevó a la institución a cerrar sus investigaciones con respecto a la posible expansión de regadíos alrededor del espacio protegido. A nivel nacional, el Plan de Desarrollo Territorial Sostenible para el área de influencia del Espacio Natural de Doñana, puesto en marcha en noviembre de 2023, amplió las medidas establecidas en el plan de 2022, centradas en la gestión de recursos hídricos y la restauración de la biodiversidad. El presupuesto inicial de 356,3 millones de euros en 2022 se amplió con 350 millones adicionales en 2023 y se extendió su alcance.
El Defensor del Pueblo ha destacado que, dado que las medidas y las inversiones requieren tiempo para implementarse y evaluar su eficacia, seguirá supervisando la situación y confía en que se pueda revertir la delicada situación de las masas de agua subterráneas que sustentan este valioso espacio natural.
Además, la institución ha abordado la obligación de descontaminar el suelo y cumplir con las normativas vigentes a través del caso de la isla de Montío, un terreno en el río Saja en Cantabria que fue utilizado durante décadas para verter residuos químicos industriales. Se han presentado sugerencias al gobierno de Cantabria para establecer medidas obligatorias para limpiar y recuperar el terreno, y se considera que las conclusiones de este caso pueden aplicarse a otras situaciones similares. El Defensor del Pueblo ha recordado que, según las normas del Derecho Común, cualquier actividad que pueda causar molestias, daños o perjuicios debe ser evaluada y se deben implementar medidas correctoras.
También se ha recomendado hacer un inventario de suelos contaminados en todo el territorio y proporcionar información pública sobre este tema. El Defensor del Pueblo también defiende la identificación y responsabilidad de aquellos que contaminan el suelo y la obligación de reparar el daño causado. En última instancia, si el responsable no descontamina, la administración puede tomar medidas utilizando los fondos públicos, lo cual no parece ser una distribución equitativa de cargas ni una solución ideal según la ley.
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