España, que ostenta actualmente la presidencia del Consejo de Ministros de la UE, ha propuesto excluir al sector financiero del ámbito de aplicación de la futura directiva europea sobre diligencia debida (conocida como CS3D). Su propuesta fue aceptada por los embajadores de los Estados miembros el jueves 15 de noviembre, en la última reunión del COREPER. La posición española fue revelada por Euractiv la semana pasada.
Sin embargo, el Consejo propone incluir una cláusula de revisión. Por tanto, el sector podría verse afectado más adelante, ya que habrá que realizar previamente un estudio de impacto. Además, para “compensar la exclusión del sector”, el Consejo propondría nuevos ajustes, también defendidos por los eurodiputados (relativos al acceso a la justicia de las víctimas de efectos adversos causados por las empresas, la inclusión de nuevos sectores de alto riesgo en el ámbito de aplicación de la directiva, o la obligación de poner en marcha un plan de transición climática y vincularlo a la remuneración de los ejecutivos, etc.).
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