El Consejo da su aprobación final al primer marco voluntario de la UE para certificar la eliminación, captura y absorción de carbono, contribuyendo así a alcanzar la neutralidad climática de la UE para 2050.
En 2023, los impuestos ambientales en España experimentaron un crecimiento significativo, recaudando 22.880 millones de euros, un aumento del 10,7% en comparación con el año anterior.
Según el último informe de situación de la Comisión Europea sobre la acción por el clima, las emisiones de gases de efecto invernadero serán en 2023 un 8,3% inferiores a las de 2022, «el mayor descenso anual en décadas».
La “Guía CSRD Essentials” ofrece un análisis detallado de la Directiva CSRD, proporcionando a las empresas estrategias y herramientas necesarias para comprender la complejidad normativa y su aplicación práctica en las empresas.
En 2023, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la economía española se situaron en 287.7 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 5,5% en comparación con el año anterior, y casi un 40% desde que se comenzó a contabilizar en 2008.
La mayoría de los españoles, un 81% para ser precisos, prefieren los productos de menor impacto medioambiental. Sin embargo, el 68% de ellos encuentra dificultades para determinar cuáles son realmente sostenibles, de acuerdo a una reciente encuesta realizada por Amazon.
El Real Decreto 1085/2024, que regula la reutilización del agua y desarrolla el marco legal de la Ley de Aguas, ha sido publicado recientemente e incluye requisitos específicos para garantizar un control efectivo de las aguas reutilizadas.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) describe las prioridades de control que deberán seguir las autoridades supervisoras europeas a la hora de examinar los informes anuales de 2024 emitidos por las empresas (declaraciones financieras y de sostenibilidad en particular). La sección 2 de la nota trata del control de las declaraciones de sostenibilidad y establece prioridades para los reguladores.
El estudio explora la relación entre el uso de las normas GRI y el desempeño social de las empresas, medido por los Indicadores Sociales Básicos (ISB)* de la WBA.