La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha expuesto este martes en Huelva los estudios y herramientas que está desarrollando la Junta para “anticipar y mitigar” los impactos del cambio climático sobre la costa andaluza, especialmente ante el previsible ascenso del nivel del mar.
El Consejo ha adoptado su posición negociadora (enfoque general) sobre una de las propuestas del denominado paquete legislativo «Ómnibus I», que simplifica y refuerza el mecanismo de ajuste en frontera por carbono de la UE (CBAM, por sus siglas en inglés).
El 61% de las empresas europeas afectadas por la elaboración de informes de sostenibilidad se declaran satisfechas o muy satisfechas con la directiva CSRD.
El Centro opera en el marco de la Cátedra Europea para la Regulación Digital, una iniciativa codirigida por Pérez-Llorca y la Universidad Carlos III de Madrid.
La Comisión ha anunciado hoy los 15 proyectos de producción de hidrógeno renovable seleccionados para su financiación pública dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), 8 de ellos localizados en España.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios y Ayuntamiento de Madrid ofrecen a las pymes servicios cien por cien bonificados para incorporar la sostenibilidad a su estrategia para mejorar en competitividad, responsabilidad social y digitalización, ha informado la entidad cameral en un comunicado.
Se trata de un proyecto muy desconocido para el gran público, pero que tendría importantes repercusiones para los consumidores y la industria, por lo que es objeto de tensas negociaciones en la Unión Europea.
La huella de carbono es un indicador clave en la evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas, y su gestión es fundamental para la sostenibilidad.
El Consejo de ministros ha acordado autorizar la aceptación y la aplicación provisional de la Enmienda de 2009 al Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972.
La Comisión Europea ha establecido un plazo de dos meses para que España y otros 11 países miembros implementen completamente la legislación de la Unión Europea (UE) sobre el comercio de derechos de emisión, antes de considerar la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).