OBRA DESTACADA
El 26 de noviembre, varias organizaciones miembros del Foro Ciudadano por la Justicia Económica (*) anunciaron su firme oposición a la llamada legislación «Ómnibus» de la Comisión Europea, que pretende negociar simultáneamente varios textos del acuerdo Grean: las directivas CSRD (directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas) y CS3D (directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas), así como el reglamento sobre la Taxonomía Verde.
En una rueda de prensa celebrada el 8 de noviembre, Ursula Von der Leyen expresó su deseo de «reducir la burocracia y la carga que suponen los informes».
Las organizaciones temen que se cuestione el deber de diligencia y se reduzca la protección de los derechos humanos, sociales y medioambientales.
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A diferencia de las directivas CSRD y sobre el deber de vigilancia, este reglamento, a menudo denominado «impuesto sobre el carbono en las fronteras», ha visto simplificado su funcionamiento sin que se haya puesto en tela de juicio su ambición inicial. Sin embargo, una serie de obstáculos, tanto internos como externos, se interponen en el camino de este mecanismo hasta su entrada en vigor, prevista para principios de 2026.
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El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado este jueves que el Gobierno español incumplió la normativa europea por no presentar a tiempo los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación de las Islas Canarias.
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El 2 de julio, la Comisión Europea presentó su propuesta de modificación de la ley europea sobre el clima. El ejecutivo europeo desea fijarse un nuevo objetivo climático: reducir en un 90 % las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2040.
10-07-2025