OBRA DESTACADA
La Comisión Europea ha establecido un plazo de dos meses para que España y otros 11 países miembros implementen completamente la legislación de la Unión Europea (UE) sobre el comercio de derechos de emisión, antes de considerar la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Además de España, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, República Checa, Polonia, Portugal y Rumanía han sido advertidos por Bruselas de que podrían ser llevados ante la Justicia europea si no toman las medidas adecuadas para adaptar estas normas a su legislación nacional.
La Comisión ha emitido dictámenes motivados a estos países por no haber incorporado completamente la directiva que regula el sistema de comercio de derechos de emisión de la UE, algo que deberían haber hecho antes del 31 de diciembre de 2023.
Esta revisión de la directiva fortalece las actuales normas del sistema de comercio de derechos de emisión, extendiéndolas al sector del transporte marítimo y aumentando los fondos de apoyo a la descarbonización.
Además, la Comisión ha establecido un plazo similar para que España, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Polonia y Rumanía incorporen a su legislación nacional las normas revisadas del sistema de comercio de derechos de emisión aplicable al sector de la aviación, cuyo plazo de transposición finalizaba el 31 de diciembre de 2023.
Estas modificaciones incrementan la ambición en el sector de la aviación y aplican un sistema de compensación y reducción de las emisiones de carbono para la aviación internacional. Bruselas enfatiza que su completa implementación es “crucial” para garantizar el correcto funcionamiento del comercio de emisiones, evitar desequilibrios en el mercado interno y alinear el sistema con los objetivos climáticos de la UE para 2030.
En enero de 2024, la Comisión ya había llamado la atención a 26 Estados miembros por no haber incorporado completamente estas dos directivas a su legislación nacional. Sin embargo, los once países mencionados aún no han notificado la completa transposición.
Ahora, estos once países tienen dos meses para responder y tomar las medidas necesarias para implementar completamente las modificaciones. De no hacerlo, la Comisión puede decidir llevar los casos ante el TJUE.
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