El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la licitación de siete contratos de conservación y explotación de la red de carreteras del Estado en las provincias de Zamora, Toledo, Valencia y Galicia (dos en Lugo y otros dos en Ourense), que incluyen novedades en los pliegos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
El valor estimado global de estos contratos alcanza los 244,75 millones de euros (IVA no incluido) e incluyen un total de 1.354,27 kilómetros de carreteras, de los que 660 km son de autovía.
Los siete contratos de conservación y explotación de carreteras del Estado aprobados hoy tienen una duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2 años más una prórroga adicional de 9 meses.
Se incluyen a su vez en el programa de conservación y explotación de carreteras de Mitma, que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.
Las actuaciones que realizar consisten en la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, además de determinados contratos específicos de rehabilitación y mejora de firmes y señalización y obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía en determinadas carreteras.
Los contratos se ejecutarán en:
Estas autorizaciones se suman a los once contratos de conservación y explotación, autorizados la semana pasada en Consejo de Ministros, para carreteras de Asturias, Cantabria, Madrid y las provincias de Soria, Zamora, Sevilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Badajoz. El paquete de contratos, con los nuevos requisitos de sostenibilidad, suma un valor de 293 millones (IVA no incluido) y contemplan el mantenimiento de 2.017 km.
Así, dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, el Ministerio ha incluido objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Asimismo, se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones.
Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido Mitma.
El nuevo modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
El pasado año se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.