OBRA DESTACADA
La UE ha establecido un sistema de clasificación para determinar si una actividad económica es “sostenible” o “verde”.
El objetivo es facilitar la inversión y en la protección de los consumidores contra el “blanqueo ecológico”, promoviendo la acreditación de afirmaciones ecológicas mediante métodos de huella digital de productos y organizaciones.
El Reglamento UE 2020/852, conocido como la Taxonomía de la UE, establece los requisitos para las empresas de divulgar las medidas de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza. Esto ha generado variaciones en el reglamento, haciendo difícil para muchos el seguir todos los cambios. En este post ofreceremos una explicación completa de la Taxonomía y su importancia.
La Taxonomía facilita a empresas y inversores una transición hacia una economía europea más eco-amigable, en concordancia con los objetivos políticos de alto nivel, como el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo.
Con esta herramienta, las empresas podrán demostrar de forma clara cómo alcanzan la sostenibilidad de su modelo de negocio. Esta opción les permite evaluar su producción, el efecto que genera sobre el medio ambiente y establecer planes para llevar a cabo los cambios necesarios. Esto les da la posibilidad de desarrollar una transición sólida y flexible de sus actividades. Por medio de una lista, las empresas serán capaces de ver a qué taxonomía pertenece su actividad económica.
Los usuarios a los que se dirige la clasificación son la Unión Europea y sus Estados miembros, así como los actores de los mercados financieros. Esto incide directamente sobre las empresas, que deben cumplir con los requisitos establecidos desde la UE. Por otra parte, los inversores también se ven afectados, especialmente aquellos que buscan inversiones responsables.
La principal ventaja es que ofrecen un marco legal para mejorar su desempeño y hacerlo duradero. Tienen una serie de metas que aplicar para lograr transformaciones de gran magnitud. Esto les permitirá exponer su compromiso con el medioambiente de manera evidente. Para esto, tendrán que tener en cuenta varios criterios técnicos que certificarán la viabilidad de su empresa.
Las empresas tienen la oportunidad de atraer a una gran cantidad de inversores. Esto les ofrece la posibilidad de obtener financiación de nuevas fuentes, que buscan apoyar empresas que no dañan el medio ambiente. Esto se traduce en una mayor variedad de opciones de financiación, permitiendo a las compañías progresar y crecer.
Mejoran su infraestructura interna, contando con los lineamientos de la clasificación que facilita la toma de decisiones. De esta forma, las compañías podrán actuar de acuerdo con el léxico usado por los accionistas y las autoridades, lo que tendrá un efecto positivo para todos.
La Unión Europea ha establecido una agenda precisa para el cumplimiento de la Taxonomía, que tendrá implicaciones para empresas y entidades financieras. Esta programación comprende los hitos y la información necesaria para su divulgación.
Enero 2023 – Empresas de gran tamaño que cotizan en bolsa y cuentan con más de 500 empleados están obligadas a publicar informes detallando su elegibilidad y cómo se alinean sus actividades con ciertos criterios, correspondientes al año fiscal que terminó en 2022.
Enero 2024 – Las mismas empresas de gran envergadura con más de 500 trabajadores deben hacer pública la misma información, esta vez refiriéndose al año fiscal 2023.
Enero 2025 – A partir de esta fecha, las instituciones financieras pueden incorporar en sus evaluaciones DNSH (Do No Significant Harm) proyecciones sobre cómo se alinean con ciertos estándares, aunque estas están sujetas a revisión dentro del ciclo de evaluación del año 2024.
Enero 2026 – Todas las corporaciones consideradas de gran tamaño, con plantillas superiores a 250 empleados, están requeridas a incluir en sus registros contables detalles sobre la alineación de sus prácticas con respecto a las operaciones crediticias. Asimismo, deberán reportar las comisiones y tarifas correspondientes a servicios que no forman parte de la banca tradicional, de acuerdo con los requerimientos del CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) y la normativa de taxonomía.
Enero 2027 – La obligatoriedad se expande para abarcar a todas las empresas que cotizan en bolsa, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), las cuales deberán proporcionar reportes siguiendo una versión simplificada de los estándares establecidos por el CSRD y la taxonomía aplicable.
El reglamento declara que una actividad es viable si cumple con una serie de seis criterios medioambientales. Estos son:
También, en relación con estos objetivos hay que:
Las empresas deberán comprobar que satisfacen los parámetros técnicos para cada finalidad ecológica.
El Acto Delegado, promulgado en 2021, contiene información acerca de los 70 criterios para la mitigación y 64 para la adaptación, agrupados en tres grupos principales: baja emisión de gas, transición y habilitación. El TSG ha establecido umbrales que marcan si una tarea cumple con los criterios del DNSH.
A finales de junio de 2023 se amplió la regulación taxonómica incluyendo criterios detallados para evaluar cómo una actividad económica puede contribuir de manera significativa a los cuatro objetivos ambientales clave que faltaban.
Estos objetivos incluyen el uso y cuidado sostenible de recursos hidrográficos y marinos, el avance hacia una economía de tipo circular, así como la prevención y reducción de la contaminación y la conservación y rehabilitación de la biodiversidad y ecosistemas naturales.
Estos elementos facilitan a la compañía examinar con exactitud y globalmente su incidencia con el fin previsto. Así, tienen una dirección clara para tomar las acciones adecuadas de acuerdo a sus requerimientos. Contarán con una orientación para ajustarse a una situación impredecible, donde la durabilidad y el cuidado del medio ambiente son esenciales.
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