OBRA DESTACADA
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea avalaron esgte martes la propuesta de la Comisión Europea de una ley de restauración de la naturaleza.
Esta ley incluye flexibilidades adicionales para su aplicación nacional, y aunque se considera que este avance es todavía insuficiente para España, se ve como un paso adelante.
Los Estados miembro han decidido que, para 2030, al menos el 30% de los hábitats de los ecosistemas terrestres, costeros, de agua dulce y marinos en mal estado se restaurarán.
Los Veintisiete Estados Miembros han acordado su mandato para iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo una vez que éste fije su posición. El objetivo es lograr un acuerdo antes de que finalice el año y que corresponderá a la presidencia española del Consejo llevarlo a cabo.
El mandato recibió el apoyo de la mayoría de los Estados Miembros, aunque Polonia, Italia, Finlandia y Suecia votaron en contra debido a sus “profundas preocupaciones” en cuanto a la aplicación nacional de la norma. Por su parte, Austria, Bélgica y Países Bajos se abstuvieron de votar.
Los Estados miembros deben presentar planes nacionales de restauración a la Comisión para reflejar cómo cumplirán con los objetivos de restauración.
El Consejo ha establecido un enfoque gradual, comenzando con planes nacionales de restauración hasta junio de 2032, seguido por planes hasta 2042 y finalmente, hasta 2050 dos años después de la entrada en vigor del reglamento. Los Estados miembros deben monitorizar y reportar su progreso.
Los Veintisiete han incluido un artículo en el que se dice que la planificación, construcción y operación de plantas de energía renovables, sus conexiones a la red y sus activos de almacenamiento, son de un interés público superior.
Además, han introducido una disposición que requiere que la Comisión presente un informe un año después de la entrada en vigor del Reglamento, que contenga una descripción de los recursos financieros disponibles en la UE, una evaluación de las necesidades de financiación para su implementación y un análisis para detectar cualquier brecha de financiación.
El Consejo ha adoptado flexibilidades en sustitución de los objetivos cuantitativos. En concreto, los Estados miembro tienen la obligación de aumentar la superficie de áreas verdes urbanas hasta un nivel satisfactorio.
Se mantiene el requisito de “pérdida neta nula” para 2030, es decir, que no se debe producir una disminución de los espacios verdes urbanos y de la cubierta arbórea, a menos que ya se tenga un 45% de espacio verde. Además, para la rehumidificación de las turberas, se ha suavizado el objetivo, teniendo en cuenta que algunos Estados miembro se verían desproporcionadamente afectados. Por tanto, se acordó que el 30% de las turberas drenadas para uso agrícola deben restaurarse para 2030 y el 50% para 2050, permitiendo a los países afectados aplicar un porcentaje más bajo.
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