La Comisión Europea ha otorgado un plazo de dos meses a España para transponer a su legislación nacional las directivas europeas sobre vertederos y gestión de residuos. De lo contrario, el caso podría ser llevado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Estas directivas tienen como objetivo prevenir posibles efectos dañinos en la salud humana, el agua, el suelo y el aire, y exigen a los Estados miembros tomar medidas para garantizar que solo se depositen residuos tratados en los vertederos.
El Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Contaminación Cero tienen como objetivo lograr una UE libre de contaminación, lo que beneficiaría la salud pública, el medio ambiente y la neutralidad climática.
En una sentencia de 2014, el TJUE estableció que los residuos deben ser tratados adecuadamente antes de ser vertidos para reducir su impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana. Sin embargo, los datos más recientes muestran que el 12,7% de los residuos municipales recolectados en España no recibieron el tratamiento necesario antes de su eliminación en vertederos. Además, España no ha establecido una red integrada y adecuada de instalaciones de gestión de residuos municipales que cubra todos los vertederos en su territorio.
Debido a estas deficiencias, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España, dándole un plazo de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas. Si no se proporciona una respuesta satisfactoria, la Comisión podría emitir un dictamen motivado y llevar el caso ante la Justicia europea.