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Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social para el periodo 2026-2033, un instrumento que permitirá incorporar de forma progresiva y sistemática criterios ambientales en la contratación pública y aprovechar su capacidad para impulsar la transición ecológica.
La contratación pública representa aproximadamente el 11,5 % del PIB y cerca del 25 % del gasto público, por lo que constituye una herramienta estratégica para orientar la actividad económica hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. El nuevo Plan pretende aprovechar este potencial para reducir las emisiones, mejorar la adaptación al cambio climático, favorecer la economía circular y estimular el desarrollo de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.
Entre sus objetivos figura que, al término de su vigencia, en 2033, se valore la incorporación de al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos de contratación incluidos en su ámbito. El Plan amplía, además, su alcance respecto al anterior, vigente entre 2018 y 2025, al incorporar a las entidades públicas empresariales y las agencias estatales, junto con la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
La huella de carbono, un nuevo criterio
Una de las principales líneas de actuación del Plan se dirige a impulsar la descarbonización de la contratación pública. Para ello, contempla la elaboración de una base de datos centralizada de materiales de construcción que recopile los factores de emisión de los productos constructivos que representen, al menos, el 70 % del volumen medio de obra pública estatal.
Asimismo, promoverá la utilización progresiva de la huella de carbono de productos y servicios como condición especial de ejecución o criterio de adjudicación en aquellos contratos en los que resulte viable. En este contexto, se estudiará la posibilidad de crear un registro o repositorio estatal de huella de carbono de producto que reúna valores verificados y normalizados para categorías prioritarias.
El Plan también prevé identificar y difundir proyectos de referencia que permitan validar y facilitar la integración gradual de estos criterios en los procedimientos de contratación. El propósito es avanzar hacia una contratación en la que la huella de carbono pueda convertirse en un parámetro objetivo y comparable para orientar las decisiones de compra e inversión pública.
Adaptación climática en las grandes inversiones
El nuevo marco incorpora también una línea específica para promover la adaptación al cambio climático y la resiliencia climática en los contratos públicos. Se trata de que las inversiones y los servicios públicos no solo contribuyan a reducir las emisiones, sino que estén preparados para mantener su funcionalidad ante los impactos climáticos presentes y futuros.
Entre las medidas previstas figura la identificación de las categorías de contratos especialmente expuestas a riesgos climáticos y la promoción de prescripciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución que permitan reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras, obras y servicios.
En particular, se desarrollará una herramienta metodológica específica, denominada “test climático”, para facilitar la incorporación de criterios de adaptación en las prescripciones técnicas de los grandes contratos de obras, concesiones de obras y de servicios, así como en los contratos de servicios para la redacción de proyectos. Esta línea se completará con la identificación y difusión de proyectos de referencia que permitan trasladar buenas prácticas y facilitar la incorporación de la resiliencia climática a la contratación pública.
Economía circular
El Plan apuesta asimismo por utilizar la capacidad de compra de las administraciones para acelerar la transición hacia una economía circular, reducir la generación de residuos y mejorar el aprovechamiento de los recursos y las materias primas secundarias.
Para ello, promoverá la utilización del coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación en aquellas categorías de contratos que dispongan de metodologías armonizadas o herramientas de cálculo reconocidas. Este enfoque permitirá tener en cuenta, además del precio inicial, los costes asociados al uso de los bienes durante toda su vida útil, incluido el consumo energético.
También se impulsarán medidas para prolongar la vida útil de los bienes públicos y favorecer su reparación, reutilización y remanufactura. En los contratos de obras y concesiones de obra pública se fomentará, además, la incorporación de materiales reciclados y materias primas secundarias. Con estas medidas, la contratación pública podrá contribuir a orientar la demanda hacia productos y soluciones más duraderos, reparables y reutilizables, al tiempo que se reduce la dependencia de materias primas y se refuerza la autonomía estratégica.
Rehabilitación energética y descarbonización de los edificios públicos
Otra de las líneas específicas del Plan se centra en la descarbonización y la transición energética del parque inmobiliario público. Para avanzar en este objetivo, se elaborarán guías prácticas y herramientas que faciliten la preparación de los contratos destinados a la rehabilitación energética de edificios, la electrificación de los consumos y el despliegue de energías renovables.
El Plan contempla también la elaboración de modelos de pliegos y la identificación, difusión y transferencia de proyectos de referencia y buenas prácticas. Estas actuaciones permitirán facilitar a los órganos de contratación la incorporación de criterios ambientales en las intervenciones sobre los edificios públicos y favorecer la reducción de sus emisiones a lo largo de su vida útil.
Seis líneas de actuación y 22 medidas
El Plan se estructura en seis líneas de actuación y 22 medidas, que incluyen también el desarrollo de capacidades y la puesta a disposición de herramientas prácticas para facilitar su aplicación por parte de las unidades promotoras y los órganos de contratación.
Entre otras actuaciones, se prevé reforzar la formación de los empleados públicos, crear una Red de Contratación Pública Ecológica del Sector Público para intercambiar conocimientos y experiencias y transformar el actual Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva que facilite la consulta y utilización de criterios ambientales.
La gobernanza corresponderá a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, que contará con el apoyo de un Grupo de Trabajo Permanente que se reunirá al menos cuatro veces al año. La ejecución se concretará mediante programas anuales de trabajo que identificarán las actuaciones, los responsables y los hitos previstos.
El seguimiento se apoyará en indicadores, en el análisis de los informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) y en el desarrollo progresivo de herramientas automatizadas e inteligencia artificial para analizar la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público y reducir las cargas administrativas. Asimismo, transcurridos tres años desde su aprobación, se elaborará una evaluación intermedia para valorar los avances y proponer posibles mejoras.
El Plan, elaborado conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Hacienda, da continuidad al marco de contratación pública ecológica iniciado en 2018 y adapta sus instrumentos a los nuevos objetivos y exigencias ambientales nacionales y europeas.
