Reducción radical de las directivas sobre información en materia de sostenibilidad

Autor: Lefebvre 29-10-2025

Tras los veintisiete Estados miembros, los eurodiputados se pronunciaron el lunes a favor de una reducción radical de las directivas sobre la información en materia de sostenibilidad, o «CSRD», y sobre el deber de vigilancia.

Los grupos socialdemócrata y centrista no tuvieron más remedio que ceder ante las exigencias de la derecha de la UE. Y es muy probable que este escenario se repita en el futuro, con otras reformas. Explicaciones.

Los defensores de la política ESG de la UE se vieron impotentes el 13 de octubre ante la dura realidad de la aritmética parlamentaria. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votó su posición sobre la denominada legislación «Omnibus», propuesta el pasado 26 de febrero por la Comisión Europea, y destinada a simplificar varias regulaciones emblemáticas del Pacto Verde. Entre los textos afectados se encuentran la directiva sobre información en materia de sostenibilidad (la famosa «CSRD»), que obliga a determinadas empresas a declarar cada año información ESG (emisiones de CO₂, gestión de residuos, uso del agua, igualdad salarial, etc.), y la directiva sobre el deber de diligencia.

Una «simplificación» del Pacto Verde que vacía de contenido las directivas

Siguiendo los pasos de los Estados miembros, que se posicionaron sobre el Omnibus el pasado mes de junio, los eurodiputados han programado un recorte drástico de estas leyes, empezando por su ámbito de aplicación. Mientras que la Comisión había previsto eximir a «aproximadamente el 80 %» de las 42 500 empresas que inicialmente iban a verse afectadas por la CSRD, los eurodiputados, al igual que los Veintisiete, han querido ir aún más lejos, con un nuevo doble umbral fijado en 1000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual.

El texto votado el lunes por el Parlamento de Estrasburgo es el resultado de un compromiso entre tres grupos políticos: los conservadores del PPE, los socialdemócratas del S&D y los centristas de Renew. ¿Cómo se explica que estos dos últimos grupos, muchos de cuyos miembros, especialmente en el centroizquierda, apoyan las llamadas legislaciones verdes, hayan suscrito sin embargo tal desmantelamiento? Es que estos diputados no tenían muchas opciones…

El equilibrio de poder político se inclina a favor del PPE

Desde las elecciones europeas de junio de 2024, el PPE, la primera fuerza del hemiciclo que, en este caso, desprecia la CSRD como el deber de vigilancia, puede teóricamente formar una mayoría junto con los diferentes grupos de extrema derecha. Aunque los conservadores se alían tradicionalmente con el centro y la izquierda, el PPE ha hecho pleno uso del poder de negociación que le confiere esta nueva situación. Hasta el último momento, el grupo ha mantenido la amenaza de pactar con la derecha más dura, en caso de que Renew y el S&D no cedieran a todas sus demandas.

Esta estrategia, que sin duda se repetirá en el futuro —probablemente en la nueva «ley climática» que fijará los objetivos de reducción de emisiones de la UE para 2040—, se asume abiertamente.

«Está muy claro (…) que las mayorías han cambiado en el Parlamento, y todos los grupos políticos deben adaptarse a esta nueva realidad», explicó Jörgen Warborn, principal negociador del PPE en este asunto. Si los centristas y los socialdemócratas no ceden, «entonces también es posible construir otra mayoría», insistió este conservador sueco citado por Politico.

El camino legislativo del Omnibus aún no ha terminado. No obstante, el destino de la CSRD y del deber de vigilancia parece ya decidido desde la votación del lunes. Una vez que los parlamentarios hayan ratificado su posición en sesión plenaria, los Estados miembros y el Parlamento deberán ponerse de acuerdo sobre la versión final de la reforma, en las negociaciones «trilaterales» que deberían comenzar a principios de noviembre. Hay pocos puntos de incertidumbre, ya que las copias son muy similares. Así, ambas instituciones han confirmado la reducción masiva, del 60 al 70 %, de los datos que las empresas deberán recopilar en virtud de la CSRD.

En cuanto a la directiva sobre el deber de vigilancia, que a partir de 2027 obligará a los grandes grupos a perseguir y combatir las violaciones de los derechos humanos o del medio ambiente que puedan causar sus actividades —o las de sus socios—, la reducción prevista es aún más impresionante. Para este controvertido texto, muy apreciado por las ONG, los nuevos umbrales deberían elevarse a 5000 empleados y 1500 millones de facturación.

Los colegisladores también acuerdan suprimir el mecanismo europeo de responsabilidad civil, que constituía el núcleo de la directiva (en su artículo 29). La idea era que las empresas pudieran ser consideradas civilmente responsables, a escala de la Unión, de los daños causados, en determinadas condiciones, en caso de incumplimiento de sus obligaciones de diligencia.

Otro de los principales debilitamientos se refiere a los planes de transición climática exigidos por la directiva (en su artículo 22). Las empresas afectadas tendrán que diseñar estrategias de este tipo para explicar cómo pretenden «contribuir» a los objetivos climáticos de la UE, y en particular a los del Acuerdo de París. ¿Estarán las empresas obligadas a aplicar estos planes, como se había previsto inicialmente? Parece que no, ya que los eurodiputados, al igual que los veintisiete Estados miembros, han optado finalmente por un lenguaje jurídicamente poco vinculante.

Los partidarios del Pacto Verde, entre la resignación y el despecho

Entre los partidarios del Pacto Verde se observan dos tipos de reacciones. Por un lado, están los que se muestran consternados, como las ONG medioambientales y el grupo de los Verdes, que no votó a favor del texto de compromiso en el Parlamento. «La responsabilidad civil y la obligación de aplicar planes de transición climática constituyen la columna vertebral de una legislación creíble en materia de sostenibilidad. Al suprimir estos elementos, este acuerdo vacía de sentido nuestras leyes», afirmó la eurodiputada verde danesa Kira Peter-Hansen.

La misma decepción expresó la neerlandesa Lara Wolters (S&D), conocida por haber sido la ponente del Parlamento sobre el deber de diligencia entre 2022 y 2024, que esta vez dimitió de su cargo de «ponente ficticia» del texto Ómnibus, tras la votación del lunes.

Por otro lado, hay quienes se esfuerzan por ver el vaso medio lleno, como el eurodiputado centrista francés Pascal Canfin. «Aunque este acuerdo no es ideal en todos los aspectos, permite al Parlamento iniciar los diálogos tripartitos (…) para lograr una simplificación eficaz y útil para las empresas. Estos textos facilitarán la consecución de nuestros objetivos medioambientales y sociales y nos permitirán seguir construyendo normas europeas sólidas», estimó el antiguo dirigente de EELV, destacando, entre otras cosas, «la reducción de los costes de auditoría» para las empresas en el marco de la CSRD.