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El 13 de noviembre de 2025, una coalición del Parlamento Europeo logró la adopción de una posición oficial sobre la revisión de las directivas CSRD (Directiva sobre la divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad) y CS3D (Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa), en el marco de la votación del paquete de simplificación denominado «Omnibus».
La posición en primera lectura del Parlamento Europeo, impulsada por la derecha y la extrema derecha europeas, marca un hito clave que permite iniciar las negociaciones en trílogo con los representantes del Consejo de la UE y de la Comisión, previstas para el 18 de noviembre. El objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo antes de que finalice el año.
La coalición parlamentaria defiende la idea de elevar significativamente los umbrales de aplicación de las obligaciones, lo que limitaría considerablemente el número de empresas afectadas.
Solo las empresas con más de 1750 empleados y con una facturación neta anual superior a 450 millones de euros (sociedades y entidades matrices, excepto los holdings en algunos casos) estarían sujetas al requisito de presentar un estado de sostenibilidad certificado por auditores independientes. La aplicación sería efectiva a partir de 2028, sobre los datos del ejercicio 2027.
Estos umbrales se convertirían también en los de la declaración de taxonomía verde integrada en el informe de sostenibilidad.
El principio denominado «value chain cap» limitaría la cantidad de información que una empresa sujeta a la presentación de informes de sostenibilidad podría recopilar de empresas no sujetas a dicha obligación. Las primeras no podrían solicitar más información que la identificada por la futura norma establecida sobre la presentación de informes de carácter voluntario, salvo que dicha información se comparta habitualmente dentro de un sector de actividad. La coalición parlamentaria defiende además la creación de «un portal digital destinado a las empresas, que ofrezca acceso gratuito a modelos, orientaciones e información sobre todas las obligaciones de información de la UE», señala el comunicado de prensa.
En lo que respecta a la CS3D, la diligencia debida solo se aplicaría a las empresas con más de 5000 empleados y con una facturación neta anual superior a 1500 millones de euros a partir de julio de 20278.
«Los eurodiputados quieren que estas empresas adopten un enfoque basado en los riesgos para supervisar e identificar su impacto negativo en las personas y el planeta», indica el comunicado de prensa.
Se suprimiría la obligación de presentar un plan de transición compatible con el Acuerdo de París, un retroceso que plantea interrogantes sobre la eficacia de la gestión de la transformación hacia una economía sostenible sin una hoja de ruta metódica.
Las negociaciones tripartitas comenzarán el 18 de noviembre. Los colegisladores intentarán alcanzar un compromiso definitivo. El objetivo es la adopción definitiva de las normas antes de que finalice el año
Los puntos clave de las negociaciones tripartitas se centrarán, en particular, en:
Una vez concluidas las negociaciones tripartitas, el texto de compromiso deberá ser aprobado oficialmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de poder publicarse en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros dispondrán entonces de un año para transponer las nuevas disposiciones a su legislación nacional.
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