En una carta fechada el 13 de febrero, el Grupo Europeo de Contacto (ECG) -que reúne a las seis mayores redes internacionales de servicios profesionales de Europa (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG y PwC)- señala que «la legislación actual, incluida la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad (CSRD) el Reglamento sobre Taxonomía de la UE (EUTR) y la Directiva sobre el deber de diligencia en materia de sostenibilidad de las empresas (CS3D), impone una pesada carga a las empresas y corre el riesgo de socavar el impulso de empresas competitivas y sostenibles».
Por lo tanto, con respecto a los informes de sostenibilidad, el ECG solicita:
En cuanto a la taxonomía, el ECG pide una revisión fundamental y una simplificación del texto, en particular:
En una carta consultada por el medio Euractiv, España defendería los actuales requisitos europeos de información extrafinanciera: «Suprimir ciertas obligaciones existentes no mejoraría necesariamente nuestra competitividad y supondría el riesgo de enviar una peligrosa señal de retroceso respecto a nuestros valores europeos fundamentales». El país defendería los «principales elementos» de la normativa actual, en particular el principio de doble materialidad. Sin embargo, las normas podrían hacerse más proporcionadas en beneficio de las PYME.
España también desearía que no se revisara el Reglamento sobre taxonomía ni la Directiva CS3D.
En Francia, en un documento de posición fechado el 17 de febrero, la Plateforme nationale RSE -órgano consultivo dependiente del Primer Ministro y que agrupa a las partes interesadas en la responsabilidad social de las empresas- «pide al Gobierno francés que mantenga el impulso de la Directiva CSRD preservando las disposiciones que contiene para tener en cuenta los impactos sociales y ecológicos de la actividad económica y hacer que las cadenas de valor sean más sostenibles».
El ómnibus debe ser «una oportunidad para identificar las áreas de mejora con el fin de garantizar que las empresas, en particular las más pequeñas, pero también sus partes interesadas, asuman mejor la Directiva sobre la responsabilidad social de las empresas». Desde este punto de vista, la prioridad de cualquier cambio debe ser mejorar la operatividad, legibilidad y relevancia de los puntos de información para los retos reales a los que se enfrentan las empresas, sin retroceder en el impulso transformador de su arquitectura».
La plataforma admite que se pueden hacer ajustes en el ritmo de aplicación de las DRSC a las empresas en las oleadas 2 y 3. «Hay que hacer todo lo posible para que este reporting extrafinanciero, pionero en Francia y basado en el concepto innovador de doble materialidad (en el sentido de identificar las cuestiones de sostenibilidad para cada empresa) en concertación con sus partes interesadas, contribuya a una producción económica a la vez competitiva y preocupada por la preservación de la biosfera y la cohesión social», prosigue la plataforma.