Propuesta de Directiva de la UE para mejorar el proceso de investigación y enjuiciamiento de delitos ambientales

Autor: Lefebvre Propuesta de Directiva de la UE para mejorar el proceso de investigación y enjuiciamiento de delitos ambientales

Acuerdo provisional entre el Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo en relación a una propuesta de Directiva de la UE que busca mejorar el procedimiento de investigación y enjuiciamiento de delitos ambientales.

La directiva recién aprobada establece de manera más precisa el delito ambiental e incorpora nuevos tipos de delitos ambientales. Por primera vez, se unifican las sanciones para personas físicas y jurídicas en todos los Estados miembros de la UE. Además, se ha acordado ampliar el número de delitos contemplados en el Derecho Penal de la UE de 9 a 18, lo que detalla y amplía las acciones prohibidas y su impacto en el medio ambiente.

Entre los nuevos delitos se incluyen el tráfico de madera, que es una causa importante de deforestación en ciertas zonas del mundo; el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de barcos; y graves violaciones de la legislación sobre productos químicos.

Penas

La reciente normativa incluye un “delito agravado“, definido como aquel que se comete con intención y que produce una destrucción o daño extenso y significativo, permanente o duradero, a un ecosistema de gran tamaño o valor ambiental, a un hábitat natural en una zona protegida, o a la calidad del aire, suelo o agua.

La propuesta plantea una mayor severidad en las penas, tanto para individuos, con una posible condena de hasta diez años de prisión en casos graves; como para entidades legales, con una multa máxima del 5% de sus ingresos globales o, como alternativa, 40 millones de euros.

Recursos

Los miembros de la Unión Europea tienen la responsabilidad de garantizar la capacitación de aquellos que trabajan en la identificación, investigación y procesamiento de crímenes ambientales, como jueces, fiscales y autoridades policiales. Además, deben asegurar que estas autoridades tengan los recursos necesarios, incluyendo personal cualificado y financiamiento, para llevar a cabo sus tareas.

También se establecen medidas de apoyo y asistencia para aquellos que denuncian delitos ambientales, defensores del medio ambiente y personas afectadas por estos delitos.

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