OBRA DESTACADA
En cualquier caso, esa es su intención. En su proyecto de presupuesto presentado el pasado 14 de octubre, el Gobierno de Lecornu propuso un impuesto sobre los «paquetes pequeños» de 2 euros por artículo (en el artículo 22). Hasta la fecha, se han presentado unas cuarenta enmiendas sobre este punto.
Electrónica barata, juguetes de baja gama y, por lo tanto, ropa de mala calidad vendida a precios imbatibles… Estos productos, procedentes principalmente de plataformas de comercio electrónico chinas como Shein, Temu o Alibaba, llegan ahora por cientos de millones a Francia cada año.
El objetivo declarado por el ejecutivo: frenar «esta dinámica [que] altera el equilibrio económico de la distribución tradicional y debilita algunos comercios de proximidad, así como el dinamismo de muchos territorios (…)», según se lee en el proyecto de ley de finanzas (PLF). Por no hablar de las desastrosas consecuencias medioambientales relacionadas con los residuos de estos productos, que rara vez cumplen las normas de la UE. «Esto es totalmente contrario a nuestros objetivos de descarbonización», subrayó Emmanuel Macron el jueves 24 de octubre en Bruselas, al término de una cumbre europea, satisfecho de que el tema sea «tratado por Francia en sus próximos textos presupuestarios».
Excepto en el RN, donde se reivindica la preservación del poder adquisitivo, el principio del impuesto es consensuado entre las fuerzas políticas. En la Asamblea Nacional, los grupos incluso compiten con propuestas para aumentar su importe. El premio se lo lleva el MoDem, cuya enmienda lo fijaría en 50 euros por artículo, como señala el medio de comunicación Contexte.
Pero hay un gran inconveniente. La idea del impuesto ya figuraba en realidad en la propuesta de ley (PPL) contra los excesos de la moda rápida, que fue aprobada por unanimidad por el Senado el 10 de junio, un mes después de su adopción, no menos masiva, en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Comisión Europea, a la que se notificó este proyecto en junio, consideró que dicha medida era contraria al derecho europeo en un «dictamen circunstanciado» enviado a París a finales de septiembre.
Si Francia aplicara este impuesto por su cuenta, «podría comprometer la uniformidad del sistema aduanero común», estimó el ejecutivo de la UE, recordando que «en el ámbito de la política comercial común (…), la Unión tiene competencia exclusiva».
En lugar de un impuesto propiamente dicho, París podría optar por «gastos de gestión» sobre estos pequeños paquetes, en nombre de la carga de trabajo impuesta a las aduanas, lo que sería compatible con el derecho europeo, en virtud del artículo 52 del Código Aduanero de la Unión. Esta es la alternativa menos ambiciosa que le aconseja Bruselas, advirtiendo al mismo tiempo que este modelo sería «fundamentalmente diferente de un impuesto».
Para cumplir con la normativa, estos gastos deberán «basarse en una metodología transparente (…) que demuestre los costes adicionales de la vigilancia aduanera de los envíos relacionados con el comercio electrónico; incluir un mecanismo de revisión y ajuste periódicos de los gastos en función de los costes reales; aplicarse (…) no solo a los paquetes extracomunitarios, sino a todos los envíos sujetos a controles similares; evitar imponer una carga financiera innecesaria a los operadores (…)», enumeraba la Comisión en este dictamen de 29 de septiembre.
Sin embargo, ¿no sería la solución europea? La idea de un impuesto fronterizo sobre los paquetes pequeños ya está en marcha a escala de la UE, donde su eficacia podría ser mayor, como estimó el presidente francés el 23 de octubre en Bruselas.
De hecho, la Comisión propuso el pasado mes de mayo imponer en Europa tasas de gestión sobre estos paquetes pequeños. Sin embargo, como suele ocurrir en Bruselas, las negociaciones entre los Estados miembros son lentas, ya que estos tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre el uso de los ingresos. ¿Deben revertir en los bolsillos de los Estados miembros? ¿O deben destinarse a las finanzas de la UE, como propone la Comisión, para reembolsar el plan de recuperación post-Covid? La cuestión es delicada.
Por lo tanto, no se espera que la aplicación del impuesto a nivel de la Unión se produzca antes de… 2027. Es comprensible, pues, que Francia, que «apoya activamente» el proyecto de la Comisión Europea, prefiera sin embargo tomar la iniciativa (al igual que otros países). El impuesto tricolor propuesto sería así «temporal» y «permitiría, a la espera de una solución europea duradera, mejorar la gestión de los flujos actuales», según se explica en el proyecto de ley de finanzas. Queda el obstáculo del derecho europeo.
Francia, al igual que la UE, parece por el momento totalmente impotente ante el reto que plantean Shein y Temu. Además de la propuesta de impuesto, la Comisión ha emitido una serie de reservas jurídicas sobre la propuesta de ley francesa contra la moda rápida. Nada menos que 7 de los 12 artículos del texto francés se ven afectados, según indica el medio de comunicación Contexte.
En particular, Francia tendría que revisar a la baja la ambición de su sistema de bonificaciones y penalizaciones para fomentar la reparabilidad de los productos. El proceso aprobado por el Senado preveía que marcas como Shein tuvieran que pagar una multa de 5 euros por producto, que se ingresaría en un organismo ecológico, siempre que su precio fuera tan bajo que incitara a comprar uno nuevo en lugar de repararlo… Pero, según la Comisión, «el nivel de las sanciones parece desproporcionado (…)».
Por último, Bruselas rechaza, como era de esperar, la prohibición general de publicidad para los sitios web de moda ultracortos, como Shein y Temu. Esta medida sería contraria al derecho europeo sobre comercio electrónico, que prohíbe discriminar a una empresa situada en otro Estado miembro. Ahora bien, la sede europea de Shein, por ejemplo, se encuentra en Irlanda.
El dictamen de la Comisión ha provocado la apertura de un periodo de statu quo de tres meses, hasta finales de diciembre, durante el cual Francia no podrá aprobar su propuesta de ley. Un tiempo que los parlamentarios podrían aprovechar para reelaborar el texto.
La UE no se queda de brazos cruzados ante la moda rápida china: el pasado mes de julio, la Comisión acusó a Temu de violar las normas europeas sobre el sector digital al no combatir la venta de productos ilegales, lo que expone al gigante chino a multas cuantiosas; y en septiembre, el Parlamento Europeo aprobó definitivamente una directiva para imponer el principio de «quien contamina paga» a los productores textiles de aquí a 2030.
Pero ante la avalancha del comercio electrónico chino, que no se hace esperar, sigue existiendo la impresión de que el Viejo Continente siempre reacciona con retraso.
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