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Con esta revisión, los eurodiputados buscan facilitar la implantación de las obligaciones para empresas, operadores y países terceros, reduciendo cargas administrativas y ofreciendo más tiempo para adaptarse al nuevo sistema de diligencia debida. La propuesta mantiene el objetivo ambiental —combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad—, pero introduce ajustes prácticos destinados a asegurar una transición realista, homogénea y efectiva antes de que el sistema sea plenamente exigible.
El Parlamento propone conceder un año adicional para que las empresas se adapten al Reglamento. Las grandes compañías deberán cumplir desde el 30 de diciembre de 2026, mientras que microempresas y pequeñas empresas lo harán a partir del 30 de junio de 2027. El propósito es asegurar una transición ordenada y permitir la mejora del sistema informático necesario para las declaraciones de diligencia debida.
Los eurodiputados plantean que la obligación de presentar la declaración de diligencia debida recaiga únicamente en quienes introducen por primera vez el producto en el mercado europeo. Se reducen así las cargas para los operadores y comerciantes que solo realizan actividades posteriores, logrando un régimen más eficiente y proporcionado.
Las microempresas y pequeñas empresas que actúan como operadores primarios se beneficiarán de una declaración simplificada y única, eliminando la obligación de presentar múltiples declaraciones. Esta reducción de trámites busca equilibrar el cumplimiento ambiental con la realidad operativa de los pequeños actores económicos.
El Parlamento solicita realizar una revisión de simplificación antes del 30 de abril de 2026. El objetivo es evaluar el impacto de la norma, su carga administrativa y la eficacia de los ajustes introducidos, garantizando así que el Reglamento sea aplicable sin generar obstáculos innecesarios.
El texto recibió 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, y queda listo para iniciar negociaciones con los Estados miembros. Para que el retraso de un año entre en vigor, el acuerdo final debe ser aprobado por el Parlamento y el Consejo y publicarse en el DOUE antes de finales de 2025.
El Reglamento de 2023 busca frenar la deforestación ligada al consumo europeo de productos como café, cacao, soja, aceite de palma, madera, caucho o ganado. La FAO estima que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques, y que la UE es responsable del 10% de la deforestación mundial. La revisión mantiene intacto este objetivo ambiental, reforzando una cadena de suministro más sostenible.
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