El futuro de la normativa contra la deforestación queda en suspenso

Autor: Lefebvre 22-10-2025

Criticada por varios Estados miembros de la UE y abucheada por algunos de sus socios comerciales, la medida, cuya aplicación supondría un importante reto técnico, es objeto de un pulso en Bruselas. Su futuro es incierto.

Respaldado por la comunidad científica y numerosas organizaciones medioambientales, el reglamento «antidesforestación» de la UE es objeto de un intenso pulso entre bastidores. El pasado 23 de septiembre, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, anunció un nuevo aplazamiento de un año de esta emblemática legislación del Pacto Verde, que debía entrar en vigor el próximo 31 de diciembre. ¿Cuál es el motivo esgrimido por esta sueca, miembro del grupo conservador PPE? La falta de preparación del sistema informático dedicado, teniendo en cuenta «la gran cantidad de datos» que habrá que tratar.

De hecho, la aplicación de este reglamento, destinado a garantizar que los productos vendidos en la UE no procedan de tierras deforestadas o degradadas después de 2020, supone un importante reto técnico. Los importadores de aceite de palma, café, soja, cacao, ganado, madera y caucho tendrán que presentar declaraciones de «diligencia debida» que incluyan, entre otras cosas, la geolocalización de la tierra utilizada para cultivar el producto importado, una información exigida en el artículo 9 del reglamento que, por cierto, será difícil de obtener en algunos de los países proveedores.

Sin embargo, algunos consideran que el problema informático es una mala excusa. El 25 de septiembre, Sabine Weyand, jefa de la poderosa Dirección General de Comercio de la institución, se mostró «sorprendida» por la declaración de la comisaria de Medio Ambiente.

Un aplazamiento que no está confirmado

Unas horas más tarde, fue el turno de la vicepresidenta del Ejecutivo de la UE responsable de la transición ecológica, Teresa Ribera, conocida por su compromiso con el medio ambiente, de hacer un comentario escéptico: «Quizás haya —no lo sé— problemas técnicos (…). Pero estoy segura de que podemos encontrar alternativas existentes (…) y resolver estos problemas lo antes posible», afirmó la socialista española, cuestionando de paso el aplazamiento, anunciado pero no confirmado por el momento.

Aprobado en mayo de 2023, el reglamento debería haber entrado en vigor inicialmente el 31 de diciembre de 2024, pero el plazo se aplazó por primera vez 12 meses el año pasado. ¿Se volverá a aplazar el dispositivo, cuyo funcionamiento se había simplificado entretanto?

En cualquier caso, el reto medioambiental es enorme. «La demanda de la UE es responsable del 15 % de la deforestación mundial relacionada con el comercio, un impacto desproporcionado si se tiene en cuenta que la Unión representa el 5,5 % de la población mundial. Esto significa que el consumo de la UE contribuye de manera significativa a la destrucción de la biodiversidad, a la alteración de la producción de agua dulce y a la emisión de gases de efecto invernadero», indica una nota reciente publicada por el grupo de reflexión Bruegel. Según un estudio científico publicado el mes pasado, la deforestación podría haber causado la muerte de más de medio millón de personas en las regiones tropicales durante las dos últimas décadas, debido a enfermedades relacionadas con el calor.

Una situación política desfavorable

La Comisión, que ha iniciado conversaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (la institución que reúne a los Veintisiete), siembra dudas sobre el futuro reglamento. La situación parece bastante desfavorable para los defensores del texto. En la Asamblea de la UE, el PPE (derecha), primera fuerza política del hemiciclo, se ha movilizado firmemente en contra de esta legislación, con el apoyo de los grupos de extrema derecha.

En el Consejo de la UE, los ministros de Agricultura de 18 Estados miembros (Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia) solicitaron una nueva simplificación y un nuevo aplazamiento en una carta dirigida a la Comisión el pasado 7 de julio. Estos países consideran que los requisitos para los agricultores y otros explotadores forestales de la UE —a los que se aplicará el reglamento— son «onerosos e injustificados para países con un riesgo insignificante de deforestación».

Pero los Estados de la UE no están exentos del riesgo de degradación forestal, subrayó la ONG Fern el 7 de julio, afirmando que en Suecia, Austria y Finlandia «la oposición [al texto] está impulsada por poderosos actores de la industria forestal y papelera, estrechamente vinculados a los gobiernos nacionales».

Dimensión comercial

El asunto también tiene una importante dimensión comercial. En el marco del acuerdo arancelario alcanzado con Donald Trump el pasado 21 de agosto, la Comisión Europea se comprometió a tener en cuenta las preocupaciones estadounidenses sobre varias legislaciones ecológicas de la UE, entre ellas la relativa a la deforestación. Aunque Estados Unidos no es, ni mucho menos, el primer país afectado, la industria estadounidense del papel y la pasta de papel ejerce una fuerte presión para eludir estas normas.

Paralelamente, la legislación está siendo atacada por otros socios comerciales de la UE, como Brasil, Indonesia o Malasia, que figuran en lo más alto de la lista de países afectados.

Estas fricciones pueden contrarrestar los esfuerzos de «diversificación comercial» emprendidos por la UE con el fin, en particular, de limitar los efectos económicos de los aranceles aduaneros de Donald Trump. Una coincidencia notable: el anuncio del nuevo aplazamiento por parte de la comisaria europea de Medio Ambiente, el 23 de septiembre, se produjo el mismo día en que concluyeron las negociaciones para un tratado de libre comercio entre la UE e Indonesia, gran exportador de aceite de palma y país que se opone rotundamente al reglamento.