OBRA DESTACADA
Los eurodiputados argumentan que el reglamento delegado no sólo introduciría “una elevada carga administrativa para las empresas debido a la gran complejidad de las normas de información sobre sostenibilidad”, sino que también exigiría a las empresas “comprometer importantes recursos, lo que supone una carga, en particular para las empresas más pequeñas”. Además, el texto socavaría la intención de la Comisión de reducir la burocracia y los requisitos de información en un 25%, dados los problemas de competitividad tanto dentro como fuera de la UE.
Los eurodiputados piden a la Comisión:
– reducir la complejidad de las normas de información sobre sostenibilidad utilizando un lenguaje comprensible e introduciendo indicadores clave de rendimiento (KPI) cuantitativos predefinidos;
– Reducir el número de normas sobre informes de sostenibilidad;
– Ampliar la aplicación a todas las empresas pertinentes e introducir simultáneamente normas voluntarias, cuantitativas, mensurables y comparables para las PYME;
– modificar los umbrales de balance y volumen de negocios neto para tener en cuenta el impacto de la inflación en la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 (la llamada “Directiva Contable”) para la determinación de la categoría de tamaño de una empresa. El Ejecutivo comunitario también reclama que las cifras de empleo de las medianas empresas se eleven hasta los 500 empleados y que se introduzca una definición de empresas de mediana capitalización para las empresas de hasta 1.500 empleados.
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