Marco de actuación común en casos de episodios de alta contaminación del aire

Autor: Lefebvre 07-02-2023

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo texto legislativo para la protección y vigilancia de la calidad del aire. Esta medida se suma a otras iniciativas anteriores como el Plan de Salud y Medioambiente o el Índice de Calidad del Aire, según afirmó el ministerio en un comunicado.

MITECO ha subrayado que el objetivo principal de este Real Decreto es proteger la salud pública de una mala calidad del aire y prevenir picos de contaminación. Asimismo, ha destacado que se quiere mejorar el control de la contaminación atmosférica, reduciendo en especial la concentración de partículas y dióxido de nitrógeno en las grandes ciudades.

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha informado que hay aproximadamente 3.000 muertes relacionadas con el PM2.5, 6.000 con el NO2 y 1.800 con el Ozono (O3) como consecuencia de la mala calidad del aire.

Reglamento de emisiones industriales

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha añadido que, al mismo tiempo, se está modificando el reglamento de emisiones industriales y de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación con la finalidad de difundir de forma adecuada las resoluciones administrativas de las autorizaciones ambientales integradas; con ello, “se promueve el conocimiento eficaz por parte del público”.

El plazo para el procedimiento de revisión de las autorizaciones ambientales integradas se ha modificado para estar en coherencia con el plazo de concesión y el plazo del procedimiento simplificado de modificación sustancial establecidos en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre.

En relación con el artículo 3.3 del Real Decreto 208/2022 sobre garantías financieras en materia de residuos, se ha realizado una aclaración debido a la incertidumbre generada sobre su aplicación práctica, con la mirada puesta en establecer el importe de la garantía financiera que debe asumir el gestor de los residuos en materia de responsabilidad ambiental. Con este objetivo, se han revisado las condiciones para fijar el monto de la fianza para ciertos centros de tratamiento y almacenamiento de residuos, así como para gestores de residuos de obras civiles, demolición y escorias siderúrgicas.