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Los Estados miembros han acordado la posición del Consejo respecto a un nuevo Reglamento destinado a prevenir y combatir la difusión de material de abuso sexual infantil y el embaucamiento de menores en línea. La futura norma impondrá obligaciones directas a las plataformas digitales para detectar, eliminar y bloquear contenido ilícito, además de crear una nueva agencia europea especializada en apoyo operativo. Con ello, la UE pretende reforzar la protección de los menores, mejorar la coordinación entre autoridades y ofrecer asistencia efectiva a las víctimas.
El Reglamento impondrá deberes específicos a las empresas tecnológicas para evitar la difusión de material de abuso infantil y el embaucamiento de menores. Las autoridades nacionales podrán ordenar la eliminación o bloqueo del contenido, y exigir a los motores de búsqueda que lo excluyan de resultados, reforzando la respuesta ante un fenómeno creciente en la red.
Los prestadores de servicios en línea deberán evaluar el riesgo de que sus plataformas se utilicen para el abuso sexual infantil y aplicar medidas para mitigarlo. Entre ellas destacan herramientas de denuncia, controles de privacidad por defecto para menores y sistemas que limiten la difusión de contenido. Las autoridades podrán exigir estas evaluaciones y sancionar su incumplimiento.
El Consejo introduce una categorización en riesgo alto, medio o bajo, basada en criterios objetivos vinculados al tipo de servicio. Aquellas plataformas calificadas como de alto riesgo podrán ser obligadas a contribuir al desarrollo de tecnologías que reduzcan la probabilidad de uso indebido de sus servicios con fines de abuso sexual infantil.
Las empresas deberán apoyar a las víctimas que soliciten la retirada del material en el que aparecen. El nuevo Centro de la UE podrá verificar que las plataformas han eliminado o bloqueado el acceso a dicho contenido, garantizando así un mecanismo de apoyo real, coordinado y accesible para las personas afectadas.
El Consejo propone hacer permanente la excepción que permite a las empresas detectar voluntariamente material de abuso sexual infantil. Esta facultad, vigente hasta abril de 2026, se mantendrá, posibilitando a los prestadores analizar contenido, informar a las autoridades y eliminarlo sin vulnerar las normas sectoriales de comunicaciones electrónicas.
El futuro Reglamento prevé una nueva agencia europea encargada de procesar información remitida por las plataformas, mantener una base de datos con los informes recibidos y coordinarse con Europol y autoridades nacionales. También elaborará una base de indicadores que las empresas podrán usar en sus actividades de detección voluntaria.
Tras fijar su posición, el Consejo podrá iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo para adoptar la versión definitiva del Reglamento. El Parlamento ya cerró su postura en noviembre de 2023, por lo que comienza ahora la fase final del procedimiento para consolidar un marco europeo de protección reforzada frente al abuso sexual infantil en línea.
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