El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social, así como a la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027.
El anteproyecto de ley mejora y actualiza las principales leyes que conforman el ecosistema legal de la Economía Social como son la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
La Ley Integral de la Economía Social ofrece una nueva definición para el movimiento cooperativo, ajustada a los principios de la Alianza Cooperativa Internacional. Esto permitirá que las sociedades cooperativas puedan seguir avanzando, mejorando sus principios y valores y la eficacia y productividad de sus actividades.
Para lograr esto, se debe implementar un mecanismo de comunicación y participación basado en el uso de tecnologías modernas.
El Comité de Igualdad se creará con el objetivo de desarrollar Planes de Igualdad Cooperativos para hacer más efectiva la igualdad, principio que forma parte de los valores de las empresas cooperativas.
Además, esta iniciativa permitirá a la Economía Social contar con las mismas condiciones que la empresa privada tradicional. En este momento, las mujeres representan más del 60% de la fuerza laboral de la Economía Social en España.
La nueva normativa establecida busca impulsar las cooperativas, que son la fórmula de negocio más extendida en la Economía Social, eliminando los problemas que les impiden desarrollar su actividad con rapidez y optimizando su actividad. Esto se ve reflejado en la innovación que estas empresas han aportado al sistema empresarial español.
Con respecto a la ley de empresas de inserción, destinada a promover la participación de personas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, el anteproyecto de Ley de la Economía Social ofrece una nueva definición de los colectivos afectados, enfocándose más en los factores que generan la vulnerabilidad y/o exclusión social.
Estos grupos siguen diversos caminos con el fin de facilitar la transición a los mercados de trabajo tradicionales.
El anteproyecto de ley aprobado este martes esencialmente clarifica el sector de la Economía Social, dando así un catálogo de empresas que lo conforman, tales como cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutuas y sociedades laborales.
Se han incorporado también nuevas fórmulas asociativas, tales como las de las empresas sociales. Estas empresas comparten los principios de la Economía Social y tienen que destinar el 95% de sus beneficios a la empresa.
La Estrategia Española de Economía Social – gestada por los principales actores del sector, representantes de 16 ministerios, comunidades autónomas, organizaciones representativas del sector, sindicatos, y expertos – es una guía para avanzar y fortalecer el desarrollo de una forma de entender la economía que ya representa el 10% del PIB del país.
Esta Estrategia consiste en reforzar estas entidades, promover la contribución de la sociedad en términos de redistribución de riqueza, valores, y sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Está alineada con los objetivos de la Agenda 2030 y el Plan de Acción Europeo de la Economía Social.
Sus acciones incluyen el estímulo y apoyo financiero a la creación de plataformas colaborativas, el respaldo al emprendimiento colectivo en zonas rurales y la integración de mujeres vulnerables a través de la Economía Social.
Después de su publicación en el BOE, la Estrategia comenzará su ejecución, mientras que la Ley Integral de Economía Social seguirá adelante con su proceso legislativo.