¿Por qué las empresas más influyentes no cumplen las expectativas sociales de la sociedad?

Autor: Lefebvre 19-09-2024

En un momento en que acaba de entrar en vigor la Directiva sobre el deber de diligencia, la World Benchmarking Alliance (WBA) ha desvelado los preocupantes resultados de un informe que evalúa a las 2.000 empresas más influyentes del mundo en cuanto a su responsabilidad de respetar los derechos humanos, ofrecer un trabajo digno y actuar éticamente.

Las cifras son alarmantes: el 90% de las 2.000 empresas más influyentes del mundo (los «ODS2000») no cumplen la mitad de las expectativas sociales fundamentales. Y de ellas, el 30% obtiene una puntuación de entre 0 y 2 sobre 20, lo que demuestra que apenas reconocen su impacto en la vida de las personas. Estas son las conclusiones del primer estudio de la World Benchmarking Alliance publicado el pasado mes de julio.

Menos del 10% de las empresas han anticipado su cumplimiento de la Directiva CS3D

La primera constatación es que el 91% de las empresas evaluadas no consulta a sus interlocutores. Esta cifra refleja una falta de comprensión de las cuestiones en juego en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015. Es más, este resultado significa que apenas el 10 % de las empresas ha anticipado su cumplimiento de la directiva europea CS3D [aunque no todas estarán sujetas a las obligaciones de la directiva publicada este verano, cuyo ámbito de aplicación no se limita, sin embargo, a las empresas de la UE, nota del editor], que exige, entre otras obligaciones, intercambios con las partes interesadas para la elaboración y aplicación de planes de acción sobre el deber de diligencia. Y sin embargo, según la AMB, el diálogo mejora el respeto de los derechos humanos y las prácticas de trabajo decente por parte de las empresas. Y con razón: el estudio revela que las empresas que dialogan obtienen mejores resultados:

• en cada indicador de referencia, y más concretamente en los compromisos con los derechos humanos y la diligencia debida;
• en la oferta de trabajo digno (sobre todo en lo que se refiere al respeto de la salud y la seguridad de los trabajadores, la igualdad de género y el empleo femenino).

Para alcanzar sus objetivos, la AMB invita a las empresas a actuar dando prioridad a la colaboración con las partes interesadas más susceptibles de verse afectadas por sus actividades y sus representantes legítimos (sindicatos, organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, etc.). Además, pide a los gobiernos que exijan a las empresas que apliquen una participación significativa de las partes interesadas en todas las fases del proceso de diligencia debida. Con ello se pretende garantizar que identifiquen y aborden eficazmente sus riesgos para los derechos humanos.

Una brecha entre lo que publican las empresas y lo que espera la sociedad

La segunda conclusión es que más del 60% de las empresas publican información sobre salarios dignos y más del 45% sobre horas de trabajo. Sin embargo, sólo el 4% se compromete a pagar o paga actualmente a sus empleados un salario digno, y sólo el 3% tiene una política de horarios de trabajo que cumpla las normas de la Organización Internacional del Trabajo.

En otras palabras, «existe un desfase entre lo que las empresas dicen sobre el trabajo digno y lo que la sociedad espera de ellas», afirma la AMB.

Para remediarlo, la organización internacional pide a los gobiernos que den prioridad a la reducción de la brecha entre el salario mínimo y el salario digno, aplicando políticas que garanticen revisiones y ajustes periódicos del salario mínimo para adecuarlo al coste de la vida. También sugiere fomentar procesos inclusivos de fijación de salarios, promover la negociación colectiva, aplicar políticas sociales complementarias y prestar apoyo a las PYME.

El 5% de los ODS 2000 revelan sus gastos en grupos de presión.

Otras cifras: el 11% de las ODS2000 han puesto en marcha una política que describe públicamente un enfoque de lobbying, y apenas el 5% revela el coste que ello representa. Por término medio, las empresas gastan 14,4 millones de dólares al año en actividades de lobbying, «lo que demuestra la importante inversión que hacen las empresas en influencia política», afirma la AMB.

Sin embargo, según la organización internacional, la transparencia en este ámbito dista mucho de ser una cuestión marginal. Las partes interesadas no disponen de la información necesaria para pedir cuentas a las empresas sobre la cuestión de si sus compromisos y esfuerzos no se corresponden con sus prácticas de lobby», afirma la WBA. «Además, la presión legislativa va en aumento. La normativa europea sobre informes de sostenibilidad corporativa exige a las empresas sujetas a ella (el 75% del SDG2000) que revelen información sobre sus actividades de lobby, incluidos los gastos».

Resultados un 60% superiores en países con legislación sobre derechos humanos

Así pues, «la regulación, la orientación y la presión son esenciales para fomentar el cambio», concluye la WBA. Según el informe, las empresas con sede en países con legislación sobre derechos humanos obtienen un 60% más de puntuación en diligencia debida. Sin embargo, sólo el 6% de las empresas han aplicado plenamente esta normativa. Entre ellas, la WBA indica que se perfilan dos tendencias. Las empresas :

• «proceden predominantemente de regiones con una sólida orientación gubernamental y marcos normativos en materia de derechos humanos»;
• «tienden a operar en sectores de gran impacto que han sido objeto de un mayor escrutinio público y están mejor equipadas con herramientas y orientaciones detalladas en materia de derechos humanos».

No es de extrañar, por tanto, que la WBA pida a los gobiernos que introduzcan y apliquen unas normas jurídicas mínimas que aclaren la responsabilidad de las empresas, independientemente de su tamaño y actividades, para adoptar un enfoque eficaz del respeto de los derechos humanos en consonancia con los Principios Rectores de la ONU y las Directrices de la OCDE.