¿Será el mecanismo de ajuste por emisiones de carbono en las fronteras el milagro del Pacto Verde Europeo?

Autor: Lefebvre 17-07-2025

A diferencia de las directivas CSRD y sobre el deber de vigilancia, ambas en proceso de revisión en Bruselas, y de la legislación europea contra la deforestación, que también está amenazada, el Mecanismo de Ajuste Carbónico en las Fronteras de la UE (MACF) no parece estar fundamentalmente en entredicho por el momento.

Es cierto que los Estados miembros de la UE confirmaron el 26 de junio una simplificación de este reglamento sin precedentes, que prevé gravar a partir de principios de 2026 algunas de las importaciones más contaminantes en función de su huella de carbono (acero, hierro, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno y electricidad; es decir, sectores en los que las empresas de la UE ya pagan, en parte, por sus emisiones de CO2 desde hace muchos años).

Eximir a determinados importadores en función de su huella de carbono

Con el objetivo de reducir la carga administrativa que supone el nuevo MACF, todos los operadores europeos cuyas importaciones acumuladas de acero, aluminio, fertilizantes y cemento no superen las 50 toneladas al año quedarán finalmente exentos.

Esta reforma de simplificación, iniciada a finales de febrero por la Comisión Europea, aliviará así a no menos del 91 % de las empresas en cuestión, pero seguirá centrándose en el 99 % de las emisiones importadas en estos productos. Y con razón, ya que en estos sectores una gran parte de las emisiones industriales son importadas por multinacionales. Se trata, por ejemplo, de un fabricante de automóviles europeo que compra grandes volúmenes de acero procedente de China.

Cuando los defensores de la política verde acusan al ejecutivo de la UE de utilizar regularmente la simplificación como pretexto para dar marcha atrás en los objetivos de su Pacto Verde, este es, en realidad, un «buen ejemplo de simplificación inteligente», según ha elogiado el eurodiputado francés Pascal Canfin (Renew, centrista).

No obstante, siguen existiendo numerosos obstáculos en el camino del MACF, cuya creación ha defendido Francia desde Jacques Chirac. En primer lugar, la aplicación de este instrumento sin precedentes, prevista para el próximo 1 de enero, supondrá un importante reto técnico. Cabe preguntarse, en particular, por la fiabilidad del cálculo de las emisiones que podrán transmitir las fábricas extranjeras (en caso contrario, se les aplicarán valores por defecto). Los controles deberán ser realizados por certificadores autorizados y, en última instancia, por los servicios de aduanas. Sin embargo, estos últimos ya están sobrecargados.

Controversias internacionales

Además, si bien el MACF europeo inspira iniciativas similares en países como Canadá y el Reino Unido, también es objeto de controversia por parte de importantes socios comerciales de la UE, empezando por la India, China, Sudáfrica y Brasil. Y con razón, «incluso con su alcance inicialmente limitado, el impacto del MACF podría ser grave» para las industrias de estas economías, o las de Egipto y Turquía, según señalaba un informe del Boston Consulting Group a finales de 2023.

Incluso antes de que se haya recaudado un solo euro, la India es uno de los Estados más indignados. «La India responderá con medidas exhaustivas a cualquier país que aplique estos impuestos, que constituyen barreras no arancelarias al comercio», declaró el 18 de junio el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, a Politico. «Contraatacará con sus propios impuestos (…) sobre los productos de interés para los países correspondientes».

Desde Bruselas, estas tensiones son muy inoportunas en un momento en que la UE busca desarrollar sus relaciones comerciales en todo el mundo para contrarrestar los efectos de los aranceles aduaneros de Donald Trump. A finales del pasado mes de febrero, la Comisión Europea y Nueva Delhi se comprometieron precisamente a celebrar un amplio acuerdo de libre comercio entre la UE y la India antes de finales de 2025. ¿Podría Bruselas, en última instancia, verse tentada a renunciar a su MACF para facilitar este tipo de negociaciones?

El delicado tema de los derechos de carbono en las fronteras también debería resurgir los próximos días 24 y 25 de julio en Pekín, donde está previsto que se celebre una esperada cumbre entre la UE y China, en un momento en el que ya se multiplican los conflictos comerciales entre los europeos y el Imperio Medio.

Un conflicto ante la OMC sobre el MACF

Paralelamente, la legalidad del reglamento sigue siendo objeto de debate. Aunque el comercio de Rusia con la Unión se ha reducido considerablemente en los últimos años, Moscú inició formalmente el pasado 19 de mayo un conflicto con la UE sobre este tema ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A ojos de los países que lo impugnan, el MACF es una forma de «proteccionismo verde» contrario a las normas del comercio internacional. Algunos países, en particular los menos desarrollados, consideran además que viola el principio del derecho internacional denominado «responsabilidades comunes, pero diferenciadas», según el cual los países desarrollados deben asumir un papel más importante que los demás en la lucha contra el cambio climático, en nombre del peso de sus emisiones históricas.

Por su parte, la UE invoca el artículo 20 del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), que prevé excepciones a los principios del libre comercio para permitir medidas destinadas a la protección de los vegetales o la biodiversidad. Los expertos están divididos en cuanto al resultado de un procedimiento ante la OMC, ya que estas medidas no deben constituir «un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países».

Por último, para no simplificar las cosas, los industriales europeos que exportan a países donde la competencia no está sujeta a tal tarificación de las emisiones de carbono in situ se consideran perjudicados. De hecho, el MACF tiene por objeto restablecer una competencia leal en el mercado europeo, pero no corrige las desigualdades que sufren los actores europeos fuera de las fronteras de la Unión. Estas empresas están ejerciendo actualmente una fuerte presión sobre las instituciones de la UE para obtener, de una forma u otra, compensaciones financieras. Es muy posible que ganen el caso en los próximos meses.