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La CE propone medidas para reforzar la movilidad laboral justa
La Comisión Europea ha adoptado el Paquete de movilidad laboral justa, cuyo objetivo es garantizar unos derechos sociales claramente definidos para todas las personas, en cualquier lugar de la UE, independientemente del lugar en el que decidan vivir y trabajar.
El paquete permitirá a los trabajadores acreditar y hacer valer sus derechos en materia de seguridad social y seguro médico, así como que sus cualificaciones sean comprendidas en toda la UE y reconocidas oficialmente allí donde la profesión esté regulada. Las nuevas normas y herramientas protegerán mejor a los trabajadores móviles de los abusos y eliminarán los procedimientos administrativos lentos y complejos que impiden a las empresas contratar talento o prestar servicios en toda la UE. Las administraciones nacionales se beneficiarán de una cooperación más eficaz para hacer cumplir los derechos de los trabajadores y luchar contra el fraude.
En palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen: «El mercado único también debe convertirse en un auténtico mercado de competencias que ofrezca más oportunidades a los trabajadores y a las empresas. Y eso es lo que plantea este paquete: abordar dos obstáculos de los «terribles diez», aprovechar al máximo el talento que tenemos en Europa y atraer aún más. La simplificación y una aplicación más rigurosa de la normativa van de la mano: las capacidades, el reconocimiento y la protección circularán sin fisuras a través de las fronteras. Una situación en la que todos salimos ganando».
El paquete incluye una Comunicación sobre movilidad laboral justa y cinco propuestas legislativas: un Reglamento por el que se establece una tarjeta europea de seguridad social; una «Ley de portabilidad de las competencias», un Reglamentosobre cualificaciones digitales y comparables; un Reglamento para reforzar la Autoridad Laboral Europea; una Directiva de modificación de las cualificaciones profesionales; y una Directiva sobre las cualificaciones de los nacionales de terceros países.
Una vez que esté plenamente en vigor, el paquete generará unos beneficios estimados de 6 000 millones de euros para 2040, gracias al reconocimiento más rápido de las cualificaciones profesionales, la verificación en tiempo real de los documentos de la Seguridad Social y otros ahorros para las empresas, los trabajadores y las autoridades, así como por la prevención del fraude.
Utilización transfronteriza de documentos digitales
La tarjeta europea de seguridad social permitirá a los ciudadanos solicitar y recibir documentos de la seguridad social íntegramente por vía telemática, como la tarjeta sanitaria europea (TSE) y el documento A1 para los trabajadores desplazados.
A través de la cartera europea de identidad digital, las personas que se trasladen a otro país de la UE podrán almacenar y presentar estos documentos digitalmente, mientras que las administraciones podrán verificarlos de forma rápida y segura. Este espacio digital estará a disposición de las personas y de las empresas de toda la UE a finales de año.
En un plazo de 12 años, la digitalización podría suponer un ahorro de hasta 64 millones de euros para las empresas, 69 millones de euros para los proveedores de asistencia sanitaria y 72 millones de euros para los inspectores de trabajo, gracias a una verificación transfronteriza más rápida. Las firmas digitales podrían evitar hasta 277 millones de euros en fraudes durante el mismo periodo.
Facilitar el reconocimiento transfronterizo de las competencias y las titulaciones
Las titulaciones se expedirán en un formato digital estandarizado y estarán disponibles en la cartera europea de identidad digital. Esto facilitará la verificación de la autenticidad de las cualificaciones. La Comisión también propone poner a disposición una nueva herramienta de comparación de cualificaciones de la UE, basada en la información de las bases de datos nacionales de cualificaciones. De esta forma, los empleadores y los trabajadores dispondrán de una forma sencilla y gratuita de comprender y comparar las titulaciones en los distintos Estados miembros.
La Comisión también ha propuesto actualizar las normas para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en las profesiones reguladas. Un procedimiento digital obligatorio hará que el reconocimiento transfronterizo de profesionales como médicos, enfermeros, ingenieros y profesores sea más rápido (cinco semanas en lugar de tres meses), más económico y más seguro, manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de seguridad pública, protección de los consumidores y normas profesionales.
A través de marcos comunes de formación, la Comisión ampliará el reconocimiento automático a más profesiones reguladas, en particular aquellas en las que se registra escasez, sobre la base de una lista preliminar de diez profesiones adicionales. La Comisión ha adoptado hoy el primer marco de este tipo para los fisioterapeutas, una de las profesiones más móviles de la UE.
Las nuevas normas también establecerán normas comunes para el reconocimiento de las cualificaciones obtenidas fuera de la UE para los ciudadanos de la UE y para los profesionales de terceros países que trabajan en el mercado único o presentan su solicitud desde el extranjero. En la actualidad, estos trámites duran una media de catorce meses, mientras que las normas comunes los reducirán a cuatro meses, lo que supondrá una reducción de hasta la mitad de los costes administrativos de contratación para los empleadores. En el caso de las siete profesiones para las que ya existen normas de formación a escala de la UE, se reconocerán automáticamente las titulaciones expedidas por instituciones acreditadas fuera de la UE y revisadas por organismos europeos de garantía de la calidad. Los Estados miembros mantienen el pleno control sobre las personas admitidas en su territorio y sobre las normas para el ejercicio de una profesión.
Refuerzo de la Autoridad Laboral Europea
Una vez adoptado, el Reglamento propuesto por la Comisión dotará a la Autoridad Laboral Europea (ALE) de herramientas más eficaces para ayudar a los Estados miembros a hacer cumplir la legislación de la UE. Permitirá a la Autoridad mejorar su capacidad de realizar evaluaciones de riesgo para las inspecciones, con el fin de ayudar a los organismos de inspección nacionales a orientar mejor sus controles. También se propone reforzar la cooperación transfronteriza con funcionarios de enlace nacionales especializados en inspección. Se mejorará aún más el acceso a la información sobre derechos y obligaciones mediante la concesión de subvenciones a las organizaciones que prestan apoyo a las personas que trabajan en otros Estados miembros y a los empleadores que prestan servicios o contratan personal más allá de las fronteras de la UE.
La propuesta amplía aún más el mandato de la ALE para hacer frente a los abusos contra los nacionales de terceros países que trabajan en la UE y luchar contra el empleo ilegal. Además, simplificará el procedimiento de mediación de la ALE, lo que ayudará a los Estados miembros a resolver los litigios transfronterizos con mayor rapidez y a evitar los procesos judiciales, reduciendo así los costes y la incertidumbre, y mejorando la cooperación administrativa.
En 2024, 14 millones de europeos vivían en otro Estado miembro de la UE, incluidas más de diez millones de personas en edad laboral (el 3,9 % de la población en edad laboral de la UE). Al mismo tiempo, el 18 % de los encuestados en una encuesta reciente del Eurobarómetro afirmaron que les gustaría trabajar en el extranjero.
En la cumbre de la UE de marzo, los dirigentes de la UE pidieron que se adoptaran medidas para potenciar la movilidad de los trabajadores mediante la mejora del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y el refuerzo de la portabilidad de las competencias, en particular a través de la digitalización. Este paquete cumple con la hoja de ruta «Una sola Europa, un mercado», que identificaba el paquete de movilidad laboral justa y la iniciativa de portabilidad de las competencias como objetivos prioritarios para lograr un mercado único más integrado.
