OBRA DESTACADA
Intensificarán su trabajo conjunto en materia sociolaboral ante sus respectivas Presidencias del Consejo de la UE.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, junto con sus homólogos belgas de Trabajo y Asuntos Sociales, Pierre–Yves Dermagne y Frank Vandenbroucke, han acordado reforzar su colaboración a nivel europeo presentando iniciativas sociales que marquen la agenda en materia sociolaboral de la próxima Comisión y el próximo Parlamento Europeo, que se elegirán en 2024.
El presente texto señala el interés de introducir un Protocolo de Progreso Social en los Tratados de la Unión Europea para promover una Carta de Derechos Laborales de las Personas Trabajadoras. Además, se pretende reforzar la dimensión social de la gobernanza económica europea mediante el establecimiento de un nuevo Marco de Convergencia Social para contrarrestar los desequilibrios sociales.
Por otro lado, se promueve la adopción de políticas que garanticen el acceso de todos a una protección social adecuada, al diálogo social, a la negociación colectiva verde, a la democracia en el trabajo, y a incentivos para la Economía Social. Finalmente, se destaca la necesidad de tener un enfoque global para la salud mental, abarcando el estrés, el burnout y la inestabilidad laboral.
España y Bélgica quieren aplicar una de las soluciones planteadas en la Conferencia Sobre el Futuro de Europa celebrada en mayo de 2022, en la que se solicitó una protección para los derechos sociales si entran en conflicto con las libertades económicas, por medio de la incorporación a los Tratados de la Unión Europea de un Protocolo de Progreso Social.
Para lograr la completa aplicación de éste, estos países consideran útil tomar como punto de partida el programa SURE, un procedimiento surgido durante la pandemia para guardar los empleos mediante la entrega de financiamiento. Su objetivo es crear un dispositivo igualmente efectivo que defienda la transición hacia la ecología y la tecnología digital en la esfera laboral, velar por el trabajo libre de abuso y prevenir los recortes laborales y sociales.
El documento destaca la importancia de la inversión social, argumentando la necesidad de acordar un nuevo marco fiscal que permita la financiación adecuada de los sistemas de bienestar y los servicios públicos. Esto significa, además, una protección social durante los tiempos de crisis y de inestabilidad económica. Por ello, se recomienda generar métricas que midan los retornos tanto materiales como sociales de la inversión pública para identificar aquellas acciones que puedan generar ahorros considerables.
Asimismo, se plantea la posibilidad de fortalecer los sistemas de seguridad y protección social en los Estados Miembros. Esto involucra el aumento de la cobertura y una conexión más profunda entre el ingreso mínimo y el mercado laboral. Además, se priorizará el reforzamiento de la suficiencia y transparencia en los subsidios y beneficios de protección social para trabajadores y autónomos. Por último, se propone un mayor impulso en la Unión Europea sobre el tema del aprendizaje continuo, especialmente en lo concerniente a la infancia, la economía de los cuidados y las políticas educativas.
Ambos Estados, España y Bélgica, afirman que una sostenibilidad de la deuda óptima no puede considerarse sin el progreso y la realización de equilibrios sociales, tanto entre los Estados europeos como en el interior de cada uno de ellos. Por esta razón, han determinado la adopción rápida del nuevo Marco de Convergencia Social para el próximo semestre, garante de una mejor evaluación de las políticas que se desarrollan.
Está basado en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y brindará seguridad en cuanto a la conservación de los mismos, así como la obtención de una mayor igualdad entre los países que conforman Europa.
Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el diálogo social será una de las principales prioridades. España y Bélgica quieren reforzar esta vía para impulsar la democracia en el trabajo y contribuir a una economía sostenible, fomentando la negociación colectiva verde para abordar la transición digital y ecológica sin pérdida de derechos para los trabajadores.
Además, ambos países aspiran a aprobar una Carta de Derechos Laborales de los Trabajadores y aumentar la participación democrática en el trabajo, así como permitir la realización de convenios colectivos europeos.
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