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La UE prohibirá el ‘ecopostureo’ para evitar engaños a consumidores
Los negociadores del Parlamento Europeo y los Veintisiete han consensuado un pacto preliminar referido a las recientes normativas comunitarias que requieren respaldo verdadero de reclamos ecologistas y vetan el ‘greenwashing’, con el objetivo de proteger a los consumidores frente a la publicidad fraudulenta y asegurar una información más completa sobre los artículos.
En específico, los legisladores han acordado prohibir afirmaciones ambientales vagas como “respetuoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutral” o “eco”, sin pruebas de un destacado desempeño ecológico respaldado por reconocimiento relevante a la declaración y etiquetados de sostenibilidad que no estén apoyados en sistemas de certificación autorizados o establecidos por organismos públicos.
De igual forma, se requerirá que las etiquetas contengan información clara y precisa acerca del impacto ambiental del producto y en qué medida cumple con los criterios de sostenibilidad establecidos.
Por otro lado, es importante que las comparaciones entre productos u organizaciones sean justas y basadas en información y datos equivalentes. Por esta razón, se exigirá que los sistemas de etiquetado medioambiental cumplan con altos estándares de solidez, fiabilidad, transparencia y verificación.
Para mejorar la visibilidad de la información sobre garantía, se creará una nueva etiqueta armonizada que destaque los productos con garantía ampliada. Se pretende así informar a los consumidores de que todos los productos tienen al menos dos años de garantía en la UE. Además, la Comisión Europea será responsable de desarrollar otra etiqueta que permita a los productores destacar la calidad de sus productos, ampliando el período de garantía de forma gratuita.
Para que estas medidas se conviertan en ley, el acuerdo provisional deberá ser aprobado tanto por el Parlamento como por el Consejo. Se espera que los eurodiputados voten en noviembre y, una vez que la directiva entre en vigor, los Estados miembros tendrán un plazo de 24 meses para incorporar las nuevas normas a su legislación nacional.
Fuente: Europa Press
