OBRA DESTACADA
La semana pasada, la Comisión Europea presentó su «Brújula de la competitividad», su marco para el próximo año. En este documento, analiza su próxima propuesta ómnibus destinada a «simplificar la publicación de información sobre sostenibilidad, la diligencia debida y la taxonomía». Mediante la revisión de estos textos que propone, pretende «garantizar que los requisitos se ajusten mejor a las necesidades de los inversores, que los plazos sean proporcionados, que los indicadores financieros no desincentiven la inversión en pequeñas empresas en transición y que las obligaciones sean proporcionales a la escala de las actividades de las distintas empresas».
Para ello, propondrá:
● una nueva definición jurídica dirigida a las empresas medianas;
● reducir la carga administrativa de las empresas en al menos un 25%;
● y en al menos un 35% la carga administrativa de las PYME.
«Mediante la creación de una nueva categoría de empresas, más grandes que las PYME pero más pequeñas que las grandes empresas, miles de empresas de la UE se beneficiarán de una simplificación normativa adecuada, con el mismo espíritu que las PYME», afirma la Comisión en su brújula.
Cabe señalar que el 6 de febrero la Comisión organiza una jornada de consulta -en particular con empresas y asociaciones representativas- sobre la revisión de estos textos y la creación de la nueva categoría de empresas. El Comisario europeo Valdis Dombrovskis, responsable de Economía y Productividad y Simplificación, inaugurará la sesión.
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A diferencia de las directivas CSRD y sobre el deber de vigilancia, este reglamento, a menudo denominado «impuesto sobre el carbono en las fronteras», ha visto simplificado su funcionamiento sin que se haya puesto en tela de juicio su ambición inicial. Sin embargo, una serie de obstáculos, tanto internos como externos, se interponen en el camino de este mecanismo hasta su entrada en vigor, prevista para principios de 2026.
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