Umbrales, doble materialidad, normas ESRS y VSME, detalles sobre los principales puntos que han recibido el visto bueno de los Estados miembros.
La presidencia polaca ha logrado su objetivo. Los representantes de los Estados miembros han acordado las modificaciones que se introducirán en el segundo texto ómnibus propuesto por la Comisión Europea en febrero. Este texto revisará en profundidad las obligaciones impuestas a las empresas en materia de información sobre sostenibilidad que deben presentar en sus informes de gestión anuales.
Los Estados miembros están a favor de los siguientes elementos.
El aumento de los umbrales: los representantes de los Estados miembros desean que, a partir de 2028 (sobre los datos de 2027), el informe de sostenibilidad se imponga únicamente a las empresas —y a sus sociedades matrices— que alcancen (en un ejercicio financiero) una facturación superior a 450 millones de euros y empleen a más de 1000 trabajadores (de media). En cuanto a las empresas de terceros países, solo aquellas que alcancen una facturación superior a 450 millones de euros dentro de la UE y que tengan una filial (gran empresa) o una sucursal (que genere más de 50 millones de facturación) estarían sujetas a un informe sobre sus retos de sostenibilidad en 2029 (sobre el ejercicio 2028).
Este principio seguiría figurando en el texto mismo de la Directiva. Continuaría aplicándose en las normas ESRS que se están revisando.
El refuerzo del principio denominado «value chain cap»: los Estados miembros solicitan que las empresas sujetas a la obligación de presentar un informe de sostenibilidad no puedan, a través de contratos, imponer una transmisión de información demasiado importante a las empresas presentes en su cadena de valor y que empleen a un máximo de 1000 trabajadores. Solo se les podrá solicitar la información que figura en la norma sobre información voluntaria. Si una cláusula contractual no respeta este principio, no será aplicable a los cocontratantes, a quienes se les deberá informar de su derecho a rechazar una solicitud de información no conforme.
Las normas sobre información de sostenibilidad no deberían contener datos —que deben obtener de las empresas de la cadena de valor con menos de 1000 empleados— que vayan más allá de los mencionados en la norma sobre información voluntaria de sostenibilidad.
La implantación de una norma dedicada a la información voluntaria: esta norma voluntaria se basaría en la norma VSME. Podría ser utilizada por empresas con un máximo de 1000 empleados. Esta norma se adoptaría oficialmente en los cuatro meses siguientes a la publicación del texto ómnibus.
La elaboración de informes en formato Xbrl solo se impondría tras las precisiones aportadas al respecto por un texto legal (un acto delegado).
La revisión, en el futuro, del ámbito de aplicación del texto: una cláusula prevé una posible revisión del texto ómnibus en el futuro. Si fuera así, la Comisión Europea debería analizar previamente el interés de establecer un procedimiento simplificado de presentación de informes de sostenibilidad.
El Consejo de la UE ha fijado su posición negociadora. Por su parte, los diputados europeos, que colegislan este texto, están trabajando actualmente en su posición. Esta no se fijará hasta el próximo mes de octubre. Por lo tanto, en otoño, los representantes de los Estados miembros de la UE y los diputados europeos se reunirán en un diálogo tripartito para negociar punto por punto los ajustes que deben realizarse en el informe de sostenibilidad. Por lo tanto, el debate legislativo aún no ha concluido.