OBRA DESTACADA
El concepto de sostenibilidad radica en cumplir con las demandas actuales sin perjudicar la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas, priorizando la conservación ambiental, el avance económico y el bienestar social.
Transcurridos unos 35 años desde su primera mención, el término ‘desarrollo sostenible’ fue introducido en el panorama global por el Reporte Brundtland de la ONU. La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, liderada por la Dra. Gro Harlem Brundtland, elaboró este documento poniendo en evidencia los estragos de la industrialización y el aumento demográfico.
El informe originó una conciencia emergente acerca de la necesidad de cuidar nuestro planeta, lo cual cristalizó en la Cumbre de la Tierra celebrada en Estocolmo en 1972. En este evento, 113 países miembros de la ONU y sus asesores concluyeron con una declaración subrayando la importancia de adoptar lineamientos ambientales globales.
La histórica cumbre de 1992 en Río de Janeiro marcó otro avance crucial con la participación de 172 gobiernos, quienes discutieron desafíos como la escasez hídrica y la búsqueda de energías renovables. Este encuentro fue clave para la instauración del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, piedras angulares para futuros pactos ambientales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.
Por tanto, la sostenibilidad en el foco global se vio impulsada notablemente por la Cumbre del Clima (COP27), donde se invitó a sectores como instituciones, gobiernos y corporaciones a unificar esfuerzos y exhibir sus progresos. Un aspecto central en el evento fue el respaldo de países desarrollados hacia naciones en desarrollo.
A su vez, la protesta contra el modelo de consumo desechable y la demanda de prácticas sostenibles se ha visto vigorizada por movimientos juveniles, con figuras como Greta Thunberg al frente. António Guterres, secretario general de la ONU, subrayó la necesidad de alcanzar la neutralidad de carbono para 2025, enfatizando la urgencia de la situación climática.
La UE, en 2015, adoptó el compromiso de cesar la extracción desmedida de recursos y asegurar que los productos sean eco-amigables, resistentes, reparables y reciclables. Mayor número de consumidores prefieren bienes que minimicen el uso de recursos, sean reutilizables, reciclables y con materias primas recuperables, es decir, adhieren a las 4Rs con menor impacto ambiental.
Incluso con el rastro dejado por la pandemia de SARS-CoV-2, las acciones de gobiernos y corporaciones están alineadas con los ODS de la ONU y el Acuerdo de París, integrados en estrategias como Horizonte 2020 y el Pacto Verde Europeo. En España, el plan España Circular 2030, sujeto a revisión trienal, busca impulsar la transición ecológica reduciendo la polución y protegiendo la biodiversidad, enfocándose en el uso de materias primas secundarias, modificar hábitos de consumo y producción, gestión de residuos y optimización del uso del agua.
Según Eurofound en 2019, aplicar el Acuerdo de París y un modelo sustentable podría generar en España 200.000 empleos anuales, aunque se enfrenta a resistencias, como revela el informe de la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad sobre Empleos Verdes. Casi el 90% de las empresas encuestadas ve en la crisis económica un freno para invertir en sostenibilidad; un 32% lo considera costoso; un 31% cita la falta de conciencia ciudadana y un 25% la ausencia de legislación adecuada.
No obstante, con la aprobación del Pacto Verde Europeo y las normativas impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, como los proyectos de ley de economía circular (España Circular 2030) y cambio climático (PLCCTE), las excusas se desvanecen.
Invitación a la transición sectorial
Lograr una transición verde integral representa uno de los desafíos más ambiciosos y complejos, dado que no todos los sectores poseen alternativas actuales para su implementación. La inclusión de todos los ámbitos requiere una inversión en innovación y, afortunadamente, el sector financiero ha manifestado gran interés en el movimiento hacia la neutralidad de carbono.
Cabe señalar que, en España, la iniciativa empresarial reciente ha generado numerosos proyectos originados en la sostenibilidad de modo natural, sin necesidad de reciclajes o modificaciones, y las escuelas de negocios ya están incorporando esta orientación en sus programas. La participación decisiva del Banco Central Europeo el año anterior, alertando sobre los riesgos climáticos y promoviendo las inversiones ecológicas, fue fundamental.
Además, el informe del Foro Económico Mundial de 2020 resaltó los peligros ambientales, ubicándolos por vez primera entre las mayores amenazas para la economía global, con la “acción climática” al frente, seguida de “fenómenos meteorológicos extremos”, “desastres naturales” y “pérdida de biodiversidad”, considerados tan serios como las armas de destrucción masiva.
En los últimos años, la inversión con responsabilidad social y ambiental ha experimentado un auge, según el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto. Un informe revela que en España la inversión de impacto positivo social y ambiental ascendió a más de 229 millones de euros en 2019, marcando un incremento del 154% en comparación con los 90 millones del año precedente. Esta modalidad de inversión es crucial para canalizar capital privado hacia la Agenda 2030.
Los sectores más avanzados en esta transición son el eléctrico y el de la movilidad, que deben liderar con ambición, aunque la transformación debe ser global. En Europa, la innovación y la digitalización deben respaldar estos cambios, y el PNACC (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030) recalca la importancia de promover la compra pública innovadora para no excluir a nadie.
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