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Sin embargo, el texto actualmente en negociación —al que ha tenido acceso Les Surligneurs— apunta hacia un claro retroceso: se reduce el número de empresas afectadas, surgen incertidumbres sobre el régimen de responsabilidad civil y se alivian las obligaciones en las cadenas de valor. Mientras el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo debaten la reforma “ómnibus”, las líneas siguen moviéndose en Bruselas.
Las instituciones de la UE se encuentran enfrascadas en arduas negociaciones sobre el alivio de los pilares de la política ESG europea, una iniciativa lanzada a principios de año por la Comisión Europea en nombre de la competitividad.
El pasado 28 de febrero, la Comisión propuso una legislación denominada “ómnibus” para simplificar varias normativas clave del Pacto Verde Europeo adoptadas durante la legislatura anterior, entre ellas, las directivas sobre el deber de diligencia (CS3D) y sobre el reporte de sostenibilidad (CSRD).
La directiva CS3D exige a las grandes empresas prevenir y remediar las violaciones de derechos humanos y medioambientales en toda su cadena de valor. Por su parte, la CSRD obliga a unas 42.000 empresas a publicar anualmente datos detallados sobre sus prácticas ESG (emisiones de CO2, gestión de recursos, igualdad, etc.).
La propuesta “ómnibus” plantea una drástica reducción del número de empresas afectadas y la supresión de numerosas obligaciones establecidas en los textos originales. En la práctica, el borrador de Bruselas parece más un debilitamiento que una simplificación.
¿Aceptarán los colegisladores de la UE —el Consejo (con los 27 Estados miembros) y el Parlamento Europeo— este planteamiento? Es posible, especialmente considerando el posicionamiento actual de París y Berlín.
El 19 de mayo en la cumbre Choose France celebrada en Versalles, Emmanuel Macron afirmó que “la CS3D y otras regulaciones no deben simplemente posponerse un año, sino descartarse”, alineándose con el nuevo canciller alemán Friedrich Merz. Este último había defendido el 9 de mayo la “derogación” de la directiva sobre el deber de diligencia, que a su juicio genera una carga administrativa excesiva.
La reunión del Consejo celebrada el 28 de mayo evidenció divisiones entre los Estados miembros. Por ejemplo, el ministro danés de Industria —cuyo país asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en julio— se manifestó en contra de eliminar la directiva.
Además, aunque las declaraciones de Merz siguen la tradicional oposición alemana al texto, la postura de Macron no refleja del todo la posición francesa en las negociaciones.
Privado de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, Macron no dispone de un gobierno totalmente alineado con su línea. Según fuentes comunitarias, “los diplomáticos de la representación permanente de Francia en Bruselas y el Ministerio de Economía no comparten la idea de una derogación total”.
El ministro de Economía francés, Eric Lombard, procedente de la izquierda, defendió en marzo el “mantenimiento” del régimen de responsabilidad civil, calificándolo de “elemento esencial” sin el cual “el impacto de la directiva [CS3D] se vería muy debilitado”.
Este régimen, previsto en el artículo 29 del texto actual, permite exigir responsabilidad civil a las empresas, bajo ciertas condiciones, por los daños causados por incumplir sus obligaciones de diligencia. Sin embargo, fue eliminado de la propuesta “ómnibus” de la Comisión, dejando a cada Estado la opción de mantenerlo o no.
Entre bastidores, Francia, Bélgica, España y Finlandia presionan para conservarlo, en aras de una armonización europea (la ley francesa de 2017 sobre deber de vigilancia ya contempla una fórmula similar, aunque menos exigente). Alemania, por el contrario, aboga por su supresión.
En cualquier caso, no cabe engañarse: las negociaciones del Consejo apuntan en conjunto hacia un debilitamiento sustancial de las ambiciones iniciales, en línea con la propuesta de la Comisión.
Respecto al ámbito de aplicación, el último borrador de compromiso de la presidencia del Consejo plantea fijar el umbral en 1.000 empleados tanto para la CSRD como para la CS3D, como propuso la Comisión en febrero. Pero no hay consenso: Francia ha propuesto elevarlo a 5.000 empleados, lo que limitaría significativamente el número de empresas afectadas.
Otro punto conflictivo: los planes de transición climática exigidos por el artículo 22 de la CS3D. Parece ya acordado que las empresas deban diseñar dichas estrategias, explicando cómo contribuirán a los objetivos climáticos de la UE. La incógnita clave es si estarán jurídicamente obligadas a implementarlos. La redacción final sobre este punto es uno de los nudos de la negociación.
Además, se debate la propuesta de limitar el deber de diligencia a las operaciones propias y a los socios comerciales directos de las empresas (alcance 1). No obstante, ya se da por descartada la ambición del texto vigente, que obligaba a vigilar toda la cadena de suministro.
Parece perfilarse un consenso en favor de dar mayor flexibilidad a las empresas con menos de 1.000 empleados, permitiéndoles no responder a ciertas solicitudes de información por parte de empresas más grandes, en el marco de la CS3D y la CSRD.
Por último, el texto al que ha accedido Les Surligneurs apunta a una reducción drástica de la información exigida en los informes de sostenibilidad, conforme a las normas ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
¿Podrá el Parlamento Europeo actuar como contrapeso para mantener la ambición inicial de estos textos clave del Pacto Verde? Por ahora, es poco probable. Las discusiones están aún en fase temprana: los eurodiputados deben primero adoptar su propia versión de la reforma “ómnibus” antes de iniciar las negociaciones interinstitucionales (trílogo) con el Consejo y la Comisión. No será de inmediato, desde luego.
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