OBRA DESTACADA
Recortes masivos de financiación, despidos, censura… Al otro lado del Atlántico, la administración de Donald Trump está atacando violentamente a las instituciones dedicadas a la protección del medio ambiente, las regulaciones verdes y los académicos de la ciencia climática.
Pocos días después de su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense decidió retirar a Estados Unidos, la mayor economía del mundo, del Acuerdo de París. Sin duda, se trata de una noticia nefasta para el planeta. Pero, ¿qué impacto tendrá este repentino cambio de opinión en la legislación ecológica de la Unión Europea (UE)?
La hipótesis más optimista sería ver esta retirada estadounidense como una oportunidad para que Europa impulse sus propias normas a escala mundial (a través del famoso «efecto Bruselas») y, más en general, para posicionarse como líder internacional en la lucha contra el cambio climático.
Por ejemplo, en materia de información ESG, un área que Trump y sus equipos detestan especialmente, la SEC estadounidense (el regulador federal de los mercados financieros) está en proceso de revertir sus propias normas, que debían exigir a las empresas cotizadas la publicación de datos sobre riesgos relacionados con el clima.
El hecho es que Europa, precursora en este campo -sobre todo con su Directiva sobre Informes de Sostenibilidad (SRD)- también está en proceso de dar marcha atrás, aunque de forma menos radical: a finales de febrero, la Comisión Europea propuso deshacer varios elementos clave de la SRD y de la Directiva Europea sobre el Deber de Vigilancia (CS3D).
El «shock de simplificación» propuesto por el ejecutivo europeo será, sin embargo, objeto de negociaciones en Bruselas… Y, dado el amplio alcance de la legislación en cuestión, no puede descartarse que la actitud de Washington influya en las conversaciones. El CSRD, y más aún el CS3D en virtud del artículo 2, se aplican a determinadas empresas extranjeras, principalmente estadounidenses.
Esto no ha escapado a la atención de la galaxia Trump. En Estados Unidos, un senador republicano ha propuesto una ley que prohibiría a las empresas estadounidenses cumplir con este tipo de legislación extranjera. El objetivo del proyecto de ley de Bill Hagerty es proteger a las empresas estadounidenses de la «regulación extraterritorial perjudicial», con el deber de diligencia europeo explícitamente en el punto de mira.
Dada la llamada lógica «transaccional» de la administración estadounidense, es fácil imaginar que estas directivas ecológicas de la UE, así como las normativas europeas dirigidas a los gigantes digitales, estén vinculadas a negociaciones más amplias en torno a los aranceles de Donald Trump.
Según el eurodiputado búlgaro Radan Kanev (PPE, derecha), «podríamos estar en proceso de debilitar nuestra propia posición en el comercio internacional al relajar las normativas de la UE con alcance extraterritorial, cuando podrían servir como palanca crucial para responsabilizar a Estados Unidos, y especialmente a China, e influir en futuras negociaciones comerciales».
Visto desde otro ángulo, las masivas medidas proteccionistas anunciadas por Donald Trump el 2 de abril, y los temores que suscitan para la economía europea, refuerzan en las instituciones de la UE la convicción de que hay que dar prioridad a la competitividad. En otras palabras, ya no es el momento de imponer nuevas normas medioambientales a las empresas.
En su lugar, la Comisión Europea quiere facilitar la vida a la industria, incluida la industria verde: el ejecutivo comunitario está intensificando las iniciativas para tratar de apoyar a industrias estratégicas como la siderurgia, el automóvil, las baterías y los minerales en el Viejo Continente.
Desde el punto de vista de las industrias verdes, es probable que las repercusiones de la política de Donald Trump también se dejen sentir en Europa. ¿Pondrá fin el presidente estadounidense a la Ley de Reducción de la Inflación, el plan de 380.000 millones de dólares para la inversión en tecnologías verdes heredado de la administración Biden?
La «IRA», cuyos créditos fiscales y subvenciones -sobre todo para energías renovables y coches eléctricos- se reservan en parte a los productos «made in USA», ha sido considerada discriminatoria a este lado del Atlántico desde su lanzamiento en 2022. De hecho, el plan ha absorbido masivamente inversiones que podrían haberse realizado en Europa.
Sin embargo, los observadores no ven a Donald Trump deteniéndolo todo: las inversiones en cuestión benefician desproporcionadamente a industrias con sede en estados republicanos. Un escenario más probable sería que la Casa Blanca redujera la financiación asignada y redirigiera parte de ella hacia los combustibles fósiles estadounidenses, que Donald Trump está tratando de impulsar de forma más general, a pesar de la sólida competitividad de las renovables al otro lado del Atlántico.
En cualquier caso, «habrá más reticencias a invertir en algunos de estos sectores centrados en la transición energética y el clima, porque el entorno político es claramente menos atractivo para estas inversiones hoy en día (…)», analiza Jackson Ewing, experto del Nicholas Institute for Energy, Environment & Sustainability, citado en un artículo en Time. China podría aprovechar para reforzar su liderazgo tecnológico en muchas de estas áreas (coches eléctricos, tierras raras y otros minerales, baterías, etc.). ¿Se beneficiará también la UE?
Por último, en términos de diplomacia climática, la UE tiene ahora un papel crucial que desempeñar. Sin liderazgo europeo, la próxima COP será un desastre”, resume Pierre Leturcq, responsable de programas del Instituto de Política Medioambiental Europea. Pero la condición sine qua non de este liderazgo es conseguir trabajar con los países emergentes, empezando por India y Brasil”.
Para lograrlo, la UE tendrá que encontrar un terreno común con estos países sobre su controvertido mecanismo de ajuste del carbono en frontera, la legislación que debe gravar determinados productos importados a Europa en función de su huella de carbono a partir de principios de 2026.
También hay rumores que sugieren que la administración Trump podría crear también su propio impuesto fronterizo sobre el carbono en el futuro. Pero esto estaría motivado por el proteccionismo y no por el cambio climático: a diferencia de Europa, Estados Unidos no tiene un sistema federal de tarificación del carbono para los productos nacionales.
Mantente al día de todo lo relacionado con ESG: noticias, guías, informes sectoriales, ebooks, webinars y mucho más
La Comisión Europea ha anunciado la revisión de las directivas CSRD y CS3D y del Reglamento sobre taxonomía en un paquete «ómnibus».
13-02-2025
Conoce quién está a favor y quién en contra del futuro proyecto de texto conocido como «ómnibus»
11-02-2025
En una carta conjunta enviada a la Comisión Europea el 5 de noviembre, 25 asociaciones comerciales europeas, entre ellas Business Europe, «instan a la Comisión a simplificar y racionalizar la Directiva sobre el deber de diligencia en materia de sostenibilidad de las empresas (CS3D)», que entró en vigor el 25 de julio de 2024.
17-11-2024