Modificación del CS3D: más de 150 organizaciones representativas de la sociedad civil se oponen
En una declaración conjunta publicada el 5 de febrero, estas organizaciones:
se oponen firmemente a la reapertura de un debate legislativo sobre la legislación adoptada anteriormente, en particular sobre la Directiva relativa al deber de diligencia en materia de sostenibilidad de las empresas (CSE3D). En particular, señalan los riesgos asociados a la incertidumbre normativa, poniendo en peligro la inversión, retrasando el progreso y penalizando a las empresas que cumplen;
reafirman su firme apoyo a la aplicación efectiva de las leyes mediante la adopción de medidas interpretativas y directrices sobre los textos. Se refieren a la necesidad de que las empresas y las partes interesadas obtengan aclaraciones sobre los principios clave de las normas jurídicas;
expresan su preocupación por los procedimientos utilizados por la Comisión Europea para reformar los textos. «El enfoque actual, marcado por la ausencia de una evaluación de impacto exhaustiva, la falta de pruebas, el desprecio por el consenso político previo, la transparencia limitada y la inclusión inadecuada y sesgada de las partes interesadas, es simplemente inadecuado dada la naturaleza y el alcance potencialmente trascendental de esta iniciativa Omnibus», refieren estas organizaciones.
Más de 200 inversores piden que el marco de la UE sobre financiación sostenible siga siendo integrado y ambicioso
En otra declaración conjunta publicada el 4 de febrero, más de 200 actores del sector financiero insisten en la necesidad de:
preservar los fundamentos de las normativas CSRD, CS3D y taxonomía para mantener su eficacia y estabilidad regulatoria;
facilitar la aplicación de estas normas proporcionando orientaciones a las empresas -a través de FAQs, directrices y recomendaciones- incluyendo, en su caso, orientaciones sectoriales específicas;
garantizar la interoperabilidad entre el ESRS y las normas internacionales pertinentes (ISSB, GRI, SASB) para aliviar la carga de presentación de informes;
explotar y desarrollar las soluciones digitales y tecnológicas existentes para reducir los costes y las cargas de la información.
Los pros
Las organizaciones patronales francesas, italianas y alemanas desean que se revise sustancialmente el ámbito de aplicación de las CSRD y las CS3D.
En una declaración conjunta, el MEDEF francés, el BDI alemán y la Confindustria italiana apoyan «firmemente» el anuncio del proyecto «ómnibus».
En cuanto al CSRD, piden:
un aplazamiento de 2 años del primer informe de sostenibilidad exigido a las empresas;
una reducción significativa del ámbito de aplicación de la directiva: tomando como base los umbrales establecidos en la versión actual de la DSCDS (tener al menos 1.000 empleados y un balance total de al menos 450 millones de euros);
una reducción drástica del número de datos e indicadores clave que deben presentarse en su informe
un abandono de las normas sectoriales
una limitación de la cadena de valor que debe tenerse en cuenta (es decir, sólo los proveedores directos) con un aplazamiento hasta 2027 de este requisito.
En cuanto al CS3D, las organizaciones patronales están especialmente a favor de:
la suspensión de la aplicación del CS3D para realizar un análisis detallado del impacto de sus obligaciones sobre la competitividad de las empresas;
reducir el ámbito de aplicación del texto, que se aplicaría únicamente a las grandes empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios superior a 1.500 millones de euros;
limitar las responsabilidades teniendo en cuenta únicamente a los proveedores directos (niveles 1 y 2) con los que las empresas tengan relaciones contractuales directas;
supresión de la posibilidad de exigir responsabilidades civiles a una empresa e imponer sanciones económicas.
También se esperan cambios sustanciales en el reglamento de taxonomía.
La Federación Bancaria Europea pide una reducción del ESRS y rechaza el CS3D
En un documento fechado en febrero, la Federación Bancaria Europea (FBE) pide los siguientes cambios.
Con respecto a la CSRD
Mantener el ámbito de aplicación actual de la CSRD (con excepción de las filiales y sociedades holding ya incluidas en la información consolidada. A título informativo, hasta la fecha, sólo las filiales y las sociedades holding que son grandes empresas que cotizan en un mercado regulado de la UE deben elaborar un informe individual aunque estén incluidas en el informe consolidado);
revisar los umbrales para las entidades pequeñas y no complejas;
evitar el solapamiento entre los requisitos de divulgación relacionados con el ESRS y otras normativas de la UE, es decir, que la información solo se comunique una vez;
revisar las normas del ESRS aligerándolas con la información que la Federación considere específica del sector;
aplicar las normas específicas del sector de acuerdo con los siguientes principios: el trabajo debe centrarse en la orientación específica para el sector bancario necesaria para aplicar las normas agnósticas (ESRS existentes) y en ajustar varios puntos de datos específicos del sector, consagrados en las ESRS actuales, que no son apropiados para el sector bancario;
proporcionar rápidamente orientación a los auditores para garantizar un enfoque pragmático del principio de garantía limitada de los informes de sostenibilidad;
En CS3D :
no mantener la cláusula que prevé la eventual inclusión de las entidades financieras en el ámbito de aplicación de la Directiva;
garantizar una mejor alineación entre el principio de materialidad definido en la CSRD y la CS3D. De este modo, sólo los impactos identificados como materiales en el marco de la CSRD constituirían impactos a tratar en el marco de la CS3D;
no mantener el principio de responsabilidad civil de una entidad en caso de incumplimiento del CS3D;
garantizar la publicación de directrices al menos 2 años antes de la aplicación de la directiva;
Con respecto a la taxonomía: reducir el número de modelos sobre ratios de activos verdes para los bancos.
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En una carta conjunta enviada a la Comisión Europea el 5 de noviembre, 25 asociaciones comerciales europeas, entre ellas Business Europe, «instan a la Comisión a simplificar y racionalizar la Directiva sobre el deber de diligencia en materia de sostenibilidad de las empresas (CS3D)», que entró en vigor el 25 de julio de 2024.
