Proyecto «Omnibus»: últimas posiciones expresadas

Autor: Lefebvre 29-01-2025

La posición de Francia

Siguiendo los pasos de Alemania, el Gobierno francés dio a conocer el 20 de enero su posición sobre la próxima propuesta de modificación de la llamada Directiva «Ómnibus» sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). En primer lugar, el Gobierno pide una «pausa reglamentaria masiva» y una revisión de los textos adoptados hasta la fecha, incluso los más recientes, cuando ya no parezcan apropiados debido a la «intensificación de la competencia internacional».

En Francia, es necesario crear una categoría dedicada a las empresas de mediana capitalización que se añada a las categorías existentes de microempresas, PYME, grandes empresas y grandes grupos. Los umbrales que definen esta categoría podrían ser los siguientes (no superar dos de los tres criterios siguientes)

– Tener entre 250 y 1500 empleados;

– Facturación inferior a 1.500 millones de euros;

– Y un balance total inferior a 2.000 millones de euros.

Por tanto, las empresas de esta nueva categoría podrían beneficiarse de exenciones y simplificaciones, al igual que las PYME. La futura norma para las PYME cotizadas podría aplicarse a sus informes de sostenibilidad. Este es el deseo de Francia, que también solicita un aplazamiento de 2 años de la aplicación de las obligaciones de información para las PYME en particular.

Por lo que respecta a otros puntos del CSRD, Francia pide una reducción significativa de las obligaciones de información que pesan sobre las empresas, en particular reduciendo el número de indicadores que deben presentar y centrándose en las cuestiones climáticas. También desea que no se adopten normas sectoriales.

Francia también es partidaria de aplazar la entrada en vigor de la directiva europea sobre diligencia debida (conocida como CS3D). Según el gobierno francés, sólo la primera categoría de empresas cubiertas por la directiva hasta la fecha deberían estar sujetas a las obligaciones de diligencia debida.

Posición de una parte del PPE (Partido Popular Europeo)

El Partido Popular Europeo es el partido con mayor número de eurodiputados. En una nota fechada los días 17 y 18 de enero, pide :

– aplazar al menos 2 años la aplicación de las obligaciones legales derivadas de las directivas CSRD y CS3D y del reglamento sobre taxonomía, en particular ;

– imponer estos reglamentos únicamente a las grandes empresas con más de 1.000 empleados;

– evitar el solapamiento de legislaciones, que puede dar lugar a duplicidades en la presentación de informes

– y reducir las obligaciones de información de las grandes empresas al menos en un 50%.

Posición de las grandes empresas francesas y alemanas

La AFEP y el Deutsches Aktieninstitut han formulado deseos comunes en relación con la futura propuesta de directiva ómnibus. Para las dos asociaciones, la información debe convertirse en una «herramienta estratégica» para lograr «una transición verde». «Las empresas europeas no deben estar sometidas a normas desproporcionadas que sus competidores» de fuera de la UE “no tienen que aplicar”.

En cuanto al fondo de la directiva sobre DSRL, piden:

– Un reforzamiento del secreto empresarial mediante una revisión de la Directiva CSRD (sin embargo, el principio ya está establecido en la versión actual);

– reducir las obligaciones de información a lo esencial para evitar que este ejercicio se convierta en «un puro ejercicio de cumplimiento»;

– revisar los requisitos de digitalización de los informes (formato Xbrl) para tener en cuenta avances tecnológicos como la IA

– suspender la adopción de normas sectoriales.

En cuanto a la Directiva CS3D, las dos asociaciones piden que se ponga en pausa la aplicación del texto y se inicie un nuevo análisis de sus obligaciones para determinar si no atentan contra la competitividad de las empresas de la UE.

Por último, la AFEP y el Deutsches Aktieninstitut desean que el reglamento sobre la taxonomía sea facultativo para las empresas actualmente afectadas.

Otros textos europeos podrían verse afectados por la propuesta de simplificación de la legislación europea (la llamada Directiva Ómnibus). Así lo anunció el 21 de enero Andrzej Domanski, Ministro de Finanzas de Polonia, país que ostenta actualmente la presidencia del Consejo de la UE. Podrían introducirse propuestas de cambios adicionales en este texto o en otros venideros, y el ministro ya se ha referido a «una flota ómnibus».