El 26 de noviembre, varias organizaciones miembros del Foro Ciudadano por la Justicia Económica (*) anunciaron su firme oposición a la llamada legislación «Ómnibus» de la Comisión Europea, que pretende negociar simultáneamente varios textos del acuerdo Grean: las directivas CSRD (directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas) y CS3D (directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas), así como el reglamento sobre la Taxonomía Verde.
En una rueda de prensa celebrada el 8 de noviembre, Ursula Von der Leyen expresó su deseo de «reducir la burocracia y la carga que suponen los informes».
Las organizaciones temen que se cuestione el deber de diligencia y se reduzca la protección de los derechos humanos, sociales y medioambientales.