OBRA DESTACADA
El Consejo de Ministros inicia el proceso legislativo para restablecer la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Se ha abierto la audiencia pública del Anteproyecto de ley de esta nueva entidad. La situación actual de emergencia climática y transición ecológica requiere un regulador y supervisor de los mercados energéticos que se encargue de la descarbonización de la economía española, además de vigilar la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado desde una perspectiva de eficiencia económica.
La CNE asumió estas funciones de supervisión energética desde 1995 hasta 2013, cuando se incorporó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia junto con otros reguladores sectoriales, debido a los procesos de liberalización de los sectores regulados. Sin embargo, en la actualidad, la lucha contra el calentamiento global está provocando cambios significativos en los mercados energéticos, con la aparición de nuevas soluciones como el hidrógeno y otros gases renovables, un marco regulatorio europeo renovado y nuevos desafíos como la integración de nuevos modelos de negocio y la protección de los consumidores.
Ante esta nueva situación, es necesario redefinir el papel del regulador energético para mejorar su especialización y ampliar su ámbito de actuación. Por eso, siguiendo la tendencia de otros países, resulta fundamental restablecer una CNE independiente, con sus propios objetivos, funciones, estructura y presupuesto, para hacer frente al desafío de cumplir la senda de descarbonización.
Una de las formas en las que se puede reflejar la inclusión de la descarbonización como objetivo de la CNE es a través de la metodología de retribución de las redes eléctricas, incluyendo incentivos para las distribuidoras que agilicen los trámites para nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos y sistemas de autoconsumo, y penalizaciones para aquellas que retrasen los plazos.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) será una institución de carácter público a nivel nacional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad tanto en el ámbito público como en el privado. Estará encargada de regular y supervisar sectores económicos y actividades específicas, teniendo autonomía en su organización y funciones, y total independencia del Gobierno, Administraciones Públicas y mercado. Además, estará sujeta al control parlamentario y judicial.
Entre las funciones de la CNE se encuentran la supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural y de hidrógeno verde y otros gases renovables. También tendrá a su cargo la inspección y sanción de estas áreas, así como el arbitraje, la información y la atención a reclamaciones de agentes y consumidores. Asimismo, será responsable de liquidar los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas en estos sectores.
En caso de supervisar la adquisición de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE instruirá el expediente y presentará una propuesta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), quien tomará la decisión final y establecerá las condiciones necesarias. La entidad también funcionará como órgano consultivo en su ámbito de actuación, emitiendo informes no vinculantes en el proceso de elaboración de normas que afecten a sus competencias. Además, podrá participar en la elaboración de leyes y reglamentos relacionados con los mercados y sectores productivos, siempre y cuando éstos afecten directa y principalmente a sus funciones.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) estará adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y desarrollará sus funciones a través de dos figuras principales: el Consejo y el presidente, quien también actuará como presidente del Consejo. El Consejo contará, además, con una Secretaría General y una Secretaría del Consejo, y tres direcciones de instrucción: Electricidad, Hidrocarburos y Nuevos combustibles, e Inspección.
El Consejo será el órgano colegiado de toma de decisiones y tendrá diversas funciones, como nombrar al vicepresidente, aprobar el anteproyecto de presupuestos internos, la memoria anual, los planes de actuación y el reglamento de funcionamiento interno. Estará compuesto por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, con un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. El Gobierno, a través de un Real Decreto, aprobará el Estatuto Orgánico de la CNE, que establecerá las funciones y estructura interna de la Secretaría del Consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad.
De acuerdo con los plazos establecidos en el anteproyecto de ley, la nueva entidad deberá estar constituida y plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación. Además, se prevé la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), encargado de gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado para estos sectores.
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