El Consejo ha aprobado el primer conjunto de conclusiones sobre la interconexión entre salud mental y empleo, en las cuales los Veintisiete han exigido a la Comisión Europea que adopte medidas para abordar el impacto negativo de los contratos laborales precarios en la salud mental de los trabajadores de la Unión Europea.
En el año 2022, el 27% de los empleados en la Unión Europea padecían de estrés, depresión y ansiedad, y la exposición a factores de riesgo relacionados con estos trastornos mentales había aumentado aún más debido a la pandemia de Covid-19.
Con este panorama, el Consejo ha solicitado a Bruselas que considere una política apropiada para abordar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, incluyendo el derecho a desconectarse como medida preventiva y promoviendo la coordinación entre iniciativas nacionales para la gestión de estos riesgos. Además, se insta a los interlocutores sociales a continuar con el diálogo social para mejorar las condiciones laborales y concienciar sobre el bienestar psicológico.
A medida que surgen y se consolidan nuevas formas de trabajo, los Estados miembros se han comprometido a promover políticas de empleo para combatir la precariedad, fortalecer los sistemas públicos que protejan la salud mental en el trabajo y fomentar la investigación en este ámbito.
También han acordado apoyar la contratación o reintegración de trabajadores con problemas de salud mental, así como brindar apoyo a los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas en la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo.