El nuevo encuentro del Consejo General de Economistas ha llevado por título la Elaboración y verificación de estados de información no financiera.
Durante la jornada, expertos de la materia -miembros de la Administración española, del Sustainability Reporting Board del EFRAG y del Consejo General de Economistas- debatieron sobre las nuevas obligaciones informativas de las empresas españolas relacionadas con temas medioambientales, sociales y de gobernanza.
En el acto celebrado intervinieron Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), y Patrick de Cambourg, presidente del Consejo de Información en Materia de Sostenibilidad del EFRAG (EFRAG SRB).
El coloquio estuvo moderado por Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del CGE, presidente de EFAA for SMEs y miembro del Consejo de Información en Materia de Sostenibilidad del EFRAG (EFRAG SRB), en el que participaron Ana Manzano, subdirectora General de Normas Técnicas de Auditoría del ICAC; Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables (EC–CGE), y Emilio Álvarez, presidente de Economistas Auditores (REA–CGE).
La vigente Ley 11/2018, ha estipulado la obligación de elaborar un Estado de Información No Financiera o en materia de sostenibilidad para empresas de cierta dimensión, y la Directiva UE 2022/2464 de 14 de diciembre de 2022 la ha ampliado a pymes que cotizan en bolsa. En España se está tramitando la trasposición de esta última al ordenamiento jurídico español. El trámite de audiencia pública del Anteproyecto de Ley que regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, concluyó el 25 de mayo.
A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, ha planteado durante su intervención dos de las principales cuestiones que planean sobre esta nueva ley: ¿en la adaptación a la nueva normativa que se está tramitando en España se contemplará ampliar el ámbito de aplicación a todas las pymes?, y ¿qué efectos tendrá toda esta normativa para la denominada `cadena de valor´ de las empresas obligadas, es decir empresas más pequeñas que sean proveedoras de las primeras en la cadena de suministro?
El presidente de los economistas ha señalado que “las pymes no están dentro de los sujetos obligados por la Directiva –salvo las cotizadas–; no obstante, aquellas pymes que sean parte de la cadena de valor de una empresa grande obligada sí se verán afectadas de forma indirecta por estos nuevos estándares, ya que la Directiva establece que la información sobre sostenibilidad de las compañías obligadas debe incluir los datos correspondientes a sus integrantes de la denominada cadena de valor”.
A este respecto, Valentín Pich, en nombre del Consejo General de Economistas, ha pedido al Gobierno que “el Proyecto de Ley que próximamente será aprobado en Consejo de ministros contemple una aplicación proporcional de la norma para este tipo de pymes, al objeto de que solo tengan que reportar a las empresas para las que trabajan sobre aquellos aspectos en materia de sostenibilidad que sean realmente relevantes”.
Por su parte, el director del Servicio de Estudios del CGE y miembro del Sustainability Reporting Board del EFRAG, Salvador Marín, ha insistido en que “estando a favor de este nuevo paradigma europeo tenemos también una obligación de hacerles fácil a las pymes y otras entidades e instituciones de menor tamaño con diferentes formas societarias la transición a esta nueva cultura de la sostenibilidad, y esto indudablemente pasa por aplicar el `Think Small First´ de la UE, es decir que las normas sobre sostenibilidad que se están elaborando en Europa desde el EFRAG por mandato de la Comisión Europea, y que muy probablemente verán en su formato general – Set 1 – la luz el próximo mes de Julio, tengan cuanto antes una normas de adaptación voluntaria para las pymes que sea pública al mismo tiempo que las normas sobre sostenibilidad para pymes cotizadas que ya se está preparando y que, además, estas tengan un lenguaje claro y accesible, unido a unas guías de ayuda y aplicación sobre lo que una pyme y otras entidades de menor tamaño (fundaciones, asociaciones…) deben entender por `materialidad´, `cadena de valor´ y aplicación de otros conceptos de mayor complejidad. Si en esta ecuación no tenemos en cuenta esto, podría darse la paradoja que aquello que puede hacer más competitivo a una pyme o más eficiente y útil a una fundación y asociación, que es sin duda el aplicar los criterios ESG, se convierta en el momento de su información en una traba adicional imposible de aplicar y desarrollar que los lleve a la pérdida de competitividad y a una situación insostenible en el corto plazo”.
En el coloquio que siguió a continuación se abordaron cuestiones como los aspectos principales desde el ámbito de la elaboración y verificación de los EINF, los estándares europeos que se están desarrollando desde el EFRAG, los requisitos necesarios para poder ser verificador, el papel de los economistas y firmas o despachos profesionales respecto a las nuevas obligaciones informativas.