Los coponentes, Andrus ANSIP (Renew Europe) y Cyrus ENGERER (S&D), presentaron detalladamente la posición del Parlamento.
Andrus ANSIP y Cyrus ENGERER explicaron que esta directiva complementa el arsenal legislativo ya existente. Su importancia se deriva de la realidad de que la mitad de las declaraciones medioambientales son engañosas. El objetivo es proteger a los consumidores de alegaciones vagas y engañosas exigiendo que todas las alegaciones estén verificadas, certificadas y basadas en pruebas científicas.
Los coponentes subrayaron que estas declaraciones seguirán siendo voluntarias para las empresas, ya que la directiva se centra específicamente en las declaraciones con fines de comunicación comercial. El objetivo no es penalizar a las empresas, sino limitar las mentiras para luchar contra la competencia desleal que perjudica a las empresas realmente comprometidas con las prácticas ecológicas.
Las sanciones previstas en la directiva han sido ampliamente debatidas en el Parlamento. Podrían consistir en multas de hasta el 4% del volumen de negocios de la empresa, o incluso la exclusión temporal de los contratos públicos.
Los coponentes defendieron la importancia de este sistema de sanciones, por considerar que son proporcionadas a las infracciones, especialmente en los casos en que las denuncias son voluntarias. Nadie obliga a las empresas a utilizarlas. Han subrayado que, más allá de las sanciones, el mensaje es animar a las empresas a adoptar prácticas más respetuosas con el medio ambiente.