OBRA DESTACADA
El 9 de septiembre, el antiguo Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi – «una de las grandes mentes económicas de Europa»- presentó un informe a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre «el futuro de la competitividad europea». La segunda parte de este informe, que pasa revista a las políticas europeas horizontales existentes, contiene una sección dedicada a la simplificación de las normas. Y analiza la importante carga administrativa que suponen para las empresas el informe de sostenibilidad y el deber de diligencia.
«El informe de sostenibilidad de la UE y el marco del deber de diligencia son una fuente importante de carga normativa, amplificada por la falta de puntos de referencia que faciliten la aplicación de normas complejas y aclaren la interacción entre diversos actos legislativos. El objetivo de este marco es reforzar las normas sobre la información medioambiental y social que deben divulgar las empresas».
«Esto supone un coste de cumplimiento significativo para las empresas de la UE21, que oscila entre 150.000 euros para las empresas que no cotizan en bolsa y 1 millón de euros para las que sí lo hacen. Además, existen riesgos de «sobrecumplimiento» (por ejemplo, «sobreinformación») en toda la cadena de valor», prosigue el informe.
«Otros cambios en este marco, incluidas las normas de información sectorial exigidas por la Directiva sobre responsabilidad social de las empresas, podrían dar lugar a costes de cumplimiento», prosigue el informe.
La respuesta dentro de unos meses: «Las conclusiones del informe contribuirán a los trabajos de la Comisión sobre un nuevo plan para la prosperidad y la competitividad sostenibles en Europa. Y, en particular, al desarrollo del nuevo Pacto por una Industria Limpia para unas industrias competitivas y unos empleos de calidad, que se presentará en los primeros 100 días del nuevo mandato de la Comisión», dice el Ejecutivo europeo.
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A diferencia de las directivas CSRD y sobre el deber de vigilancia, este reglamento, a menudo denominado «impuesto sobre el carbono en las fronteras», ha visto simplificado su funcionamiento sin que se haya puesto en tela de juicio su ambición inicial. Sin embargo, una serie de obstáculos, tanto internos como externos, se interponen en el camino de este mecanismo hasta su entrada en vigor, prevista para principios de 2026.
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