Los modelos de IA generalistas generan respuestas a partir de patrones estadísticos de lenguaje. No están diseñados específicamente para la práctica jurídica ni trabajan necesariamente sobre fuentes jurídicas verificadas. Es más común que puntual que respondan a consultas legales con datos desactualizados, o incluso, alucinaciones, y que la información y/o interpretación que generan al respecto sea imprecisa, pese a ser aparentemente convincente.
IA generalista Vs. IA jurídica especializada
Para los profesionales del derecho, o los departamentos jurídicos de empresas, el hecho de acudir a ChatGPT o a otras IA’s de uso general hace que:
• sea imprescindible verificar manualmente cada dato generado.
• La consecuencia inmediata de esto es el consumo de tiempo, lo que va en contra de la propia naturaleza de la inteligencia artificial: hacer en segundos lo que un humano puede hacer en horas.
• También ocurre que no asegura la protección de datos, y puede emplearlos para entrenarse.
• Tampoco tiene acceso a todas las fuentes que, por lo contrario, sí están disponibles en IA’s Jurídicas, como, por ejemplo, GenIA-L de Lefebvre.
• A estos aspectos se suma el factor tan importante que mencionábamos en la introducción de este artículo: puede nutrirse de referencias de internet que legalmente están obsoletas.
• Sin embargo, en los resultados que ofrece podría haber algo aún más grave: citas jurisprudenciales directamente inexistentes.
El problema de la jurisprudencia mal citada
La IA generalista genera respuestas redactadas con gran fluidez y apariencia de autoridad. Esto supone un enorme riesgo para el jurista si la cita jurisprudencial es falsa. A veces es suficiente con repreguntar para confirmar que lo es, pero el peligro para el ejercicio profesional existe.
De hecho, la realidad supera a cualquier suposición: son muchos los jueces que han detectado que los letrados, e incluso otros colegas magistrados, han incluido sentencias inventadas por la inteligencia artificial en sus escritos procesales, con las correspondientes consecuencias.
La prensa así lo ha recogido. Se pueden encontrar numerosos ejemplos en Estados Unidos, pero también en nuestro país.
3 casos reales en España
1. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha abierto en junio de 2026 un procedimiento por mala fe procesal a un abogado que incluyó nada menos que 24 citas falsas, supuestamente imaginadas por una IA generativa gratuita. El juzgador ha dictado no se trata de un mero desliz, sino de negligencia. Y alude a que, incluso, se copió directamente el contenido, algo que se podía intuir fácilmente por la manera en la que estaba redactado, atribuible a una IA de estas características.
2. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en abril de 2026 multar por falta grave a un juez por usar ChatGPT en la elaboración de una sentencia. Hay que tener en cuenta que, en enero, el pleno del CGPJ aprobó una instrucción donde se avisaba que la inteligencia artificial no puede dictar resoluciones ni evaluar hechos o pruebas sin un “constante control humano, real, consciente y efectivo”. Y que los jueces solo pueden usar las herramientas de IA facilitadas por Justicia y que hayan superado el control del Consejo, como órgano de gobierno.
3. En febrero de 2026, el TSJ de Canarias, tras investigar si un letrado citó en un recurso de apelación diversas citas falsas generadas por inteligencia artificial generalista, concluyó que efectivamente lo había hecho (con un total de 48 referencias derivadas de alucinaciones). Todas ellas, además, del Tribunal Supremo. Finalmente se le multó, y se hizo hincapié en que se había producido una “quiebra del deber básico de supervisión humana”.
¿Cuál es, en realidad, la cuestión de fondo?
La cuestión clave no es únicamente si una IA puede equivocarse, sino si permite al profesional comprobar de forma inmediata el fundamento jurídico de cada afirmación antes de tomar una decisión. En otras palabras, si ofrece trazabilidad sin sesgos, como lo hace la IA Jurídica. En ese sentido, la principal diferencia entre una IA generalista y una IA Jurídica especializada no reside únicamente en la calidad de la respuesta, sino en la capacidad de acreditar su fundamento.
En paralelo, la IA Jurídica no solo “contesta a una pregunta”, sino que prepara un informe jurídico completo del asunto y ofrece funcionalidades extras para trabajar a partir de él. Y de inicio, aplica el marco normativo correspondiente; pensemos que la inteligencia artificial generalista puede aplicar criterios genéricos o procedentes de otros sistemas jurídicos.
El valor de la IA Jurídica: conclusión
Evitando las IA’s de uso general y empleando la IA Jurídica, los juristas reducen exponencialmente el riesgo deontológico y profesional, y el tiempo dedicado a tareas de validación posterior disminuye en la misma proporción.
En esta línea, GenIA-L, de Lefebvre, dispone de una arquitectura específicamente diseñada para el trabajo jurídico profesional. Y, como valor añadido, incorpora Agentes IA especializados que se coordinan para trabajar según la naturaleza de la consulta. Paralelamente, estos agentes ejecutan tareas; no solamente dan respuesta a consultas. Pueden, entre otras muchas posibilidades, preparar un borrador de demanda.
En síntesis, e independientemente de si implementa una IA Jurídica o no el despacho de abogados o departamento jurídico, fiarse de ChatGPT u otras soluciones de carácter general puede conllevar multas, como las que hemos visto más arriba en los casos reales. Pero, sobre todo, desprestigio profesional.
